20 de junio 2004.
La Procuraduría General de la República (PGR) revisa mil 200 expedientes de indígenas detenidos por ilícitos del fuero federal, 800 de los cuales corresponden a delitos contra la salud.
La Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas analiza, en el caso de los sentenciados, las condiciones para solicitar beneficios de ley como la preliberación, o vigila el desarrollo de los procesos penales para evitar irregularidades en los mismos.
En al menos 50 casos en promedio al año, esta área de la PGR ha intervenido para liberar a indígenas acusados de delitos, cuando las conductas son resultado de sus usos y costumbres, como la transportación del peyote, utilización de pólvora o la caza de especies animales protegidas, que forman parte de sus rituales o fiestas religiosas.
El titular de la Unidad, Mauricio Camacho González, detalló así el trabajo que se realiza a fin de garantizar el acceso de este sector vulnerable a una adecuada impartición de justicia.
De hecho, fue a través de un dictamen técnico-jurídico elaborado por esta área que la Procuraduría General de la República retiró los cargos que había contra los indígenas tarahumaras Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, quienes después de dos años en prisión serán liberados en los próximos días, al comprobarse que les sembraron drogas y armas para detenerlos.
El funcionario reveló que, de los mil 200 expedientes que la PGR revisa actualmente, 900 casos son de indígenas ya sentenciados, y 800 del total se relacionan con delitos contra la salud en sus diversas modalidades: transportación, posesión y cosecha.
Detalló que en este caso los indígenas son la población más vulnerable, pues los narcotraficantes aprovechan la extrema pobreza en que viven las etnias, que aceptan sembrar y hasta transportar la droga a cambio de dinero.
