EFE
SANTIAGO DE CHILE.- Los abogados querellantes en el juicio que se sigue en Chile por el asesinato del general Carlos Prats cuestionaron ayer la participación del Consejo de Defensa del Estado en las próximas audiencias por el desafuero de Augusto Pinochet en el caso.
La abogada Pamela Pereira, representante de la familia del militar, asesinado en Buenos Aires junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en septiembre de 1974, fundamentó sus conjeturas en el reciente respaldo dado por el Consejo de Defensa del Estado a la aplicación de la amnistía en determinados casos de derechos humanos.
El Consejo, que también es parte querellante en el caso Prats, acordó el martes, participar en los alegatos cuando la Corte de Apelaciones de Santiago vea el desafuero de Pinochet en esta causa, el próximo cinco de noviembre.
Hace una semana, el Consejo planteó ante la Corte Suprema que se debe aplicar la Ley de Amnistía a los condenados por causas de derechos humanos que cumplan con los requisitos legales para acceder a ese beneficio, impuesto en 1978 por la dictadura que encabezó Pinochet (1973-1990).
?Nos preocupa la expresión de voluntad que ha manifestado el Consejo de Defensa del Estado, por cuanto no compartimos la opinión que sustenta su presidenta (Clara Szczaranski) en casos de derechos humanos?, dijo Pereira.
?Pensamos que, o la presidenta del Consejo está por el desafuero y coincide con los intereses de la familia Prats, o de lo contrario le pedimos francamente que se abstenga de participar en esta causa?, subrayó.
Agregó que resultan ?sorprendentes? las declaraciones de Szczaranski a favor de la amnistía, porque a su juicio, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, manifiestan un desconocimiento del derecho internacional y de la aplicación que éste debe tener en Chile.
?Usted no puede manifestar en una causa que quiere que se rechace un recurso, pero a la vez dar los argumentos para que se acepte ese recurso. Entonces esa contradicción en la que está incurriendo el Consejo, con una argumentación que no se condice con la doctrina del derecho penal internacional, es preocupante?, explicó Pereira.
El juez a cargo del caso Prats, Alejandro Solís, aceptó una solicitud de la familia de las víctimas para despojar a Pinochet de su inmunidad tras considerar que hay antecedentes suficientes para acreditar la responsabilidad del ex dictador, y elevó el escrito a la Corte de Apelaciones.
En la causa están procesados el ex jefe de la policía secreta (DINA) de la dictadura, general retirado Manuel Contreras, el oficial de igual grado Raúl Iturriaga Neumann, los ex brigadieres Pedro Espinoza, José Zara y Christoph Willike, y los agentes civiles Jorge Iturriaga Neumann y Mariana Callejas.
En Argentina, en tanto, el agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel fue sentenciado a cadena perpetua por la jueza María Servini de Cubría, a quien en diciembre de 2002 la Corte Suprema chilena le negó un pedido de desafuero contra Pinochet por este caso.
Pinochet está además desaforado desde el pasado 26 de agosto en el juicio por la Operación Cóndor, la coordinación represiva de dictaduras del Cono Sur en los años 70, en el que está inculpado por la desaparición de 19 personas.
