09 de enero de 2004.
Washington, (EFE).- El programa de legalización temporal de los indocumentados afronta ahora la prueba de fuego del Congreso de EU, donde los demócratas lo consideran insuficiente y los republicanos más conservadores creen que va demasiado lejos.
El Congreso, la Casa Blanca y grupos de todo el espectro político coinciden en que el sistema de inmigración de EU está "roto" pero no se ponen de acuerdo en cómo arreglarlo.
El programa de visados de tres años que presentó el presidente de EU, George W. Bush, el miércoles, es la receta más reciente del Gobierno para atajar la inmigración ilegal -y las más profunda desde la amnistía de 1986-, pero ya surgen voces de oposición en el Congreso.
A menos de diez meses para las elecciones presidenciales, Bush ha vendido la idea en términos de seguridad nacional porque, retomando el argumento de los grupos pro inmigrantes, es importante saber quiénes son y cuántos son los indocumentados en el país.
Las primeras pistas sobre el plan las ofreció el secretario de Seguridad Nacional, Tom Ridge, cuando dijo el pasado 9 de diciembre que la mayoría de los inmigrantes no representan una amenaza terrorista y por ello merecen "algún tipo de estatus legal".
Ahora, sin plazos ni límites ni otros datos concretos, el Congreso debe desarrollar un proyecto de ley que incorpore los elementos planteados por la Casa Blanca.
El Congreso tendrá que negociar diversos asuntos relacionados con el programa en cuestión, incluyendo lo que se cobrará por las cuotas de inscripción, cuántas veces podría renovarse y exactamente a cuántos beneficiaría.
El plan migratorio de Bush tampoco aclara qué opciones tendrían los indocumentados para pasar de simples trabajadores temporales a residentes permanentes.
Se calcula que el plan, una vez aprobado, podría beneficiar a entre 8 y 12 millones de personas que viven y trabajan en la clandestinidad, de las cuales aproximadamente 4 millones provienen de México.
Bush reconoció que los trabajadores inmigrantes son parte importante de la espina dorsal de la economía estadounidense y eso, según algunos activistas, es un buen punto de partida.
La idea ha sido aplaudida por la Cámara de Comercio de EU y del sector empresarial, particularmente de aquellas compañías que dependen de la mano de obra extranjera para las labores de construcción, agricultura y hostelería.
México sería el país más beneficiado por el programa pero ha recibido la propuesta con optimismo reservado, pese a que el presidente Vicente Fox ha dicho que las remesas de dinero que mandan los emigrantes a sus familias -unos 12.000 millones de dólares anuales- son la principal fuente de divisas en ese país. "No hay que echar las campanas a vuelo porque aún falta la aprobación del Congreso", reconoció Fox.
A juzgar por las reacciones en el Congreso, que son más de rechazo que de apoyo, su aprobación en el Legislativo no está garantizada.
Para muchos congresistas y grupos de activismo cívico, tanto de tendencias liberales como conservadoras, el plan de Bush es una "amnistía disfrazada" que beneficia a las empresas y no responde a las raíces de la inmigración ilegal.
"La iniciativa del presidente Bush no ofrece verdaderas soluciones a los problemas de nuestro sistema de inmigración... no es más que un intento de afianzar el voto hispano este año y esta propuesta no trata a los hispanos con el respeto y dignidad que merecen", dijo el congresista demócrata José Serrano (Nueva York).
Algunos republicanos conservadores, como Tom Tancredo (Colorado), consideran que el plan es desastroso porque, en lo que se refiere a la seguridad fronteriza, lo que ahora son fisuras se convertirían en enormes grietas.
Sin contar a los procedentes de México, más de 37.000 indocumentados fueron detenidos en 2002 y, de éstos, más de 7.500 vinieron de países que albergan a terroristas, según Tancredo.
Estos congresistas, secundados por organizaciones que exigen más controles migratorios, aseguran además que la amnistía de 1986 no hizo mella en la inmigración ilegal.
El senador John McCain, entre los republicanos más moderados, considera que, en todo caso, es un asunto de "vida o muerte" en el que el Congreso debe actuar este mismo año.
