19 de marzo de 2004.
Buenos Aires, (EFE).- Un juez argentino declaró hoy la inconstitucionalidad de los indultos que en 1989 y 1990 beneficiaron a seis altos mandos de la última dictadura militar acusados de cometer graves violaciones de los derechos humanos.
La medida fue tomada por el magistrado Rodolfo Canicoba Corral, que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército entre 1976 y 1983, informaron fuentes judiciales.
En la misma resolución, el juez ordenó la inmediata detención de tres de los militares alcanzados por los indultos, de los cuales dos ya se encuentran en prisión por otra causa. La resolución no alcanzó a los tres imputados restantes debido a que han fallecido.
Los indultos que el magistrado considera inválidos habían sido dictados durante la presidencia de Carlos Menem y permitieron salir de prisión a los generales Guillermo Suárez Mason, Juan Sasiaiñ, Jorge Olivera Rovere, José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero.
De todos modos, sólo Olivera Rovere puede volver a la cárcel a partir de esta resolución, ya que Suárez Mason y Sasiaiñ están detenidos por el robo de hijos de desaparecidos y los tres oficiales restantes murieron.
Se trata del primer fallo judicial que cuestiona los indultos dictados por Menem, quien durante su gobierno (1989-1999) firmó diez decretos de este tipo que beneficiaron a más de 300 miembros de la dictadura y jefes de agrupaciones guerrilleras.
La decisión de Canicoba Corral cuenta con el apoyo de los organismos de defensa de los derechos humanos y generó críticas de expertos en derecho constitucional, que consideran que los jueces no pueden avanzar sobre una prerrogativa presidencial.
El juez tomó la decisión a partir de una petición de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, que buscan que los represores del Primer Cuerpo del Ejército vuelvan a ser juzgados por los delitos que se les imputan.
Se trata de uno de los tres grandes expedientes judiciales sobre lo ocurrido durante la dictadura que la justicia argentina reabrió recientemente después de que, en agosto pasado, el Parlamento declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Esas normas, dictadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) y sobre cuya validez todavía debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia, habían librado de responsabilidad a más de un millar de acusados de graves crímenes.
Canicoba Corral es uno de los jueces locales que considera nulas las leyes de perdón y basó su fallo de hoy en los pactos internacionales sobre defensa de los derechos humanos que tienen rango constitucional en Argentina desde la reforma de 1994.
Suárez Mason fue jefe del Primer Cuerpo del Ejército durante la dictadura y actualmente está procesado y cumple arresto domiciliario por su responsabilidad en la sustracción y el cambio de identidad de hijos de desaparecidos en los "años de plomo".
Por su parte, Olivera Rovere, que fue subjefe de esa dependencia, se encuentra "a total disposición de la justicia", dijo su abogado, Juan Aberg Cobo, pocas horas antes de que el juez Canicoba Corral librase una orden de captura en su contra.
Durante la dictadura argentina (1976-1983) cerca de treinta mil personas fueron asesinadas o hechas desaparecer por razones políticas, según organismos de derechos humanos, aunque oficialmente fueron registradas cerca de 15 mil.
