Tardará entre dos y tres meses crear la estructura operativa del Gobierno del Estado.
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- En un lapso de entre sesenta y noventa días, el Gobierno del Estado tendrá definida la estructura operativa para iniciar las acciones de decomiso de mercancía de procedencia extranjera así como vehículos introducidos de contrabando, en cumplimiento al convenio de colaboración administrativa firmado anteayer con el Gobierno Federal.
El secretario de Finanzas, Javier Guerrero García, informa al respecto que de esta manera, Coahuila es el primer Estado fronterizo en suscribir el Anexo Ocho del Convenio de Colaboración en materia de Comercio Exterior y destaca que hasta ahora, no se tiene información de que pueda darse una nueva regularización de autos “chuecos”.
En las acciones correspondientes, se pedirá el apoyo a los Municipios, aunque básicamente, de la Secretaría de Finanzas partirán los mecanismos de trabajo con personal capacitado y seleccionado especialmente para trabajar en la instrumentación de este convenio y abarcará personal de campo y otro adicional para que trabaje en oficinas y se aboque a analizar los pedimentos de importación.
A principios de esta semana, el gobernador, Enrique Martínez y el director general de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Guzmán Montalvo, suscribieron este convenio de apoyo, en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el cual se formaliza el compromiso para que el Estado participe en la verificación, legal importación, almacenaje y tenencia de toda clase de mercancía de procedencia extranjera.
Son muchos los impuestos que se evaden en este tipo de mercancías ilegales que no son sólo automóvi-les, tal es el caso de: Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre Producción y Servicios, Derecho de Trámite Aduanero y otras cuotas compensatorias que se causen.
Si bien la firma de este convenio de apoyo y las acciones resultantes en materia de ataque al contra-bando pueden parecer una medida poco popular, es pertinente aclarar que no está encaminado únicamente a revisar la estancia de los carros “chocolates”, sino lo que se vende en los tianguis, la ropa, los perfumes, los artículos electrodomésticos, materias primas y demás.
Esto, sin que exista el propósito de atribuirse facultades que le competen al Gobierno Federal, aclara.
Para el secretario de Finanzas en el Estado, una de las primeras acciones será empezar a identificar las áreas de venta o sectores de “focos rojos” para cumplir con los términos del Convenio que definitivamente establece un amplio abanico de posibilidades de acción en lo que no es otra cosa que el cumplimiento a la Ley.
No se trata de afectar el patrimonio de las familias, sino hacer valer la Ley en su amplio sentido, lo que además le permitirá a la entidad preservar sus fuentes de empleo y allegarse recursos financieros en un entorno de paz social.
Cierre de fronteras
Que se haga una nueva regularización con base en la cantidad de vehículos empadronados y ahora sí se cierren realmente las fronteras al contrabando de carros “chuecos”, propuso el director de Seguridad Pública, Javier Gutiérrez Pesquera.
Al asegurar que desconocen hasta ahora los mecanismos que se implementarán por parte de la Secretaría de Finanzas para decomisar los carros introducidos ilegalmente al país, estimó que en la Comarca Lagunera circulan alrededor de 25 mil unidades en estas circunstancias, lo cual se presenta como un problema social grave.
Destaca que al momento en que se les solicite alguna colaboración se proporcionará de inmediato, ya que se trata de un asunto de seguridad pública.
Lo anterior, porque estos carros y camionetas sin placas, con vidrios polarizados en la mayoría de los casos y con choferes que no portan ni siquiera su licencia, sigue siendo un factor de inseguridad.
El jefe policíaco expresa que “regularizaciones van y vienen” y siempre se dice que habrá mayor vigilancia en las fronteras para evitar la internación de vehículos de contrabando, pero no se cumple.
Se preguntó la manera como se va a operar este convenio de apoyo entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “si ante cualquier decomiso, empiezan a presionar las organizaciones que promueven los empadronamientos y por su parte, las autoridades federales no se muestran firmes”.
