Los atenienses “se apresuran a promulgar decretos pero, una vez que los promulgan, ya no quieren que sean ejecutados”.
Aristófanes
En diciembre del 2000, cuando asumieron sus actuales cargos, el Presidente de la República Vicente Fox y el secretario de gobernación Santiago Creel juraron hacer cumplir la Ley. En su ceremonia de inauguración el Presidente protestó específicamente “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”. Este juramento lo ordena el artículo 87 de la Constitución. Y es tan importante que quien no lo pronuncia no puede ocupar la Presidencia de la República.
En distintas ocasiones durante este sexenio, sin embargo, tanto el presidente Fox como el secretario Creel han expresado la idea de que la Ley no debe aplicarse a rajatabla. Hay momentos -dicen— en que es necesario negociarla. A esta interpretación se recurrió públicamente en el caso de las manifestaciones de un grupo de ejidatarios de San Salvador Atenco, quienes a golpe de machete obligaron a la cancelación del proyecto de construcción del aeropuerto de Texcoco.
El problema es que una vez que se pone la Ley en la mesa de negociación su aplicación se vuelve discrecional. Y esta discrecionalidad es precisamente la que les ha estallado en las manos a Fox y a Creel en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador puede con razón considerarse perseguido por el Gobierno Federal y por la Procuraduría General de la República. Después de todo, si la aplicación de la Ley es discrecional, el intento de procesar a López Obrador por violar el secreto de una averiguación previa se convierte en una decisión política.
Hay buenas razones para pensar que Andrés Manuel sí violó el secreto no de una sino de cuando menos dos averiguaciones previas: la de Carlos Ahumada y la de Gustavo Ponce Meléndez. El propio López Obrador ha declarado en sus conferencias de prensa que la información que difundió -al respecto, por ejemplo, de las reuniones de Carlos Ahumada con Carlos Salinas de Gortari— la recibió del procurador del Distrito Federal, Bernardo Bátiz. Las autoridades deberían cuando menos investigar estos hechos. Pero el problema es que, si vivimos en un país en el que la Ley sólo se aplica cuando la autoridad lo considera conveniente, López Obrador siempre podrá argumentar de manera convincente que una acción en su contra es parte de una decisión para frustrar su proyecto político.
Claro que López Obrador no tiene nada de qué preocuparse. Esa misma discrecionalidad lo pone a resguardo aun cuando viole la Ley. La “doctrina Fox-Creel de aplicación discrecional de la Ley”, aun cuando no ha sido expresada en detalle, claramente implica que son los delitos cometidos por personajes políticos los que no se persiguen. Por eso los manifestantes de San Salvador Atenco han podido evadir la acción de la justicia.
Una acción legal en contra de López Obrador, por otra parte, difícilmente implicaría un castigo severo. La violación del secreto de una averiguación previa no es un delito grave. Pero la acción legal convertiría a Andrés Manuel en un mártir político y esto le daría mayores probabilidades de éxito en las elecciones presidenciales del 2006. Por esta razón pragmática, y no porque López Obrador no haya violado la Ley, la PGR seguramente decidirá de manera discrecional no aplicar la Ley al Jefe de Gobierno.
No debe pensarse, sin embargo, que sólo el Gobierno Federal tiene las elecciones del 2006 presentes en el actual enfrentamiento con las autoridades del Distrito Federal. Andrés Manuel y el PRD han decidido que el presidente Fox no debe ser su antagonista. López Obrador explica que hay que respetar la investidura presidencial; y es lógico, porque él mismo podría ser el portador de la banda presidencial el primero de diciembre del 2006.
¿Por qué entonces atacar a Creel? ¿Por qué el PRD señala que no reconoce ya al secretario de gobernación como interlocutor político? Muy sencillo: Creel es uno de los más probable contrincantes de López Obrador en las elecciones del 2006. Desconocer su calidad moral es iniciar desde hoy el trabajo sucio de la campaña.
Claro que el secretario Creel y el presidente Fox tendrían un sustento mucho más sólido en su posición frente a López Obrador si desde un principio hubiesen mostrado su intención de respetar el juramento que hicieron en el 2000 de cumplir y hacer cumplir la Ley.
Promesas de campaña
José Luis Rodríguez Zapatero, el nuevo presidente del Gobierno español, está haciendo algo inusitado entre los políticos: cumplir una promesa de campaña. Por eso ha ordenado el retiro de las tropas españolas de Irak. Ojalá también nuestros políticos estuvieran dispuestos a cumplir sus promesas de campaña.
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