El presidente Fox y, sin vela en el entierro el general procurador general de la República Rafael Macedo de la Concha, han anunciado su determinación de que se aplique la ley a los responsables de la “invasión” —así la llaman— a la casa de doña Mercedes Quesada viuda de Fox. Se ha anunciado que será la Secretaría de Gobernación la encargada de presentar las querellas correspondientes.
Es ridícula, o abusiva, la denuncia presentada ante la PGR por Gumaro Martínez Pérez, responsable de seguridad de la casa familiar de los Fox Quesada. Quien legalmente debe hacerlo es la señora madre del Presidente de la República, o quien figure como propietaria del inmueble. San Cristóbal no es un recinto oficial y nada tiene qué hacer la autoridad federal en el trámite ministerial requerido.
El código penal de Guanajuato, que es el aplicable al caso, prevé castigar con pena de prisión de un mes a dos años de prisión y con sanción pecuniaria de diez a cincuenta días-multa a “quien se introduzca en morada ajena o permanezca en la misma sin permiso de persona autorizada”. Eso fue lo que hicieron algunos de los ex braceros, o sus deudos, que llegaron en manifestación el sábado pasado a San Francisco del Rincón en busca del presidente Fox. Se equivocaron de lugar, pues el Ejecutivo federal descansa los fines de semana en su propia casa, La Estancia, ya no en la propiedad donde vivió de joven y donde residen su madre y su hermana Mercedes.
Acaso creyeron que el Presidente se negaba a recibirlos y presionaron indebidamente, al punto de hacer que se abriera la reja —no que destruyeran una barda, como ya reza la conseja que los incrimina— y se introdujeron al patio de la casa. Allí los encaró la hermana del presidente, quien con todo derecho pidió que se retiraran, no obstante lo cual parlamentó con los representantes que ella misma pidió fueran designados.
También con ellos habló el subsecretario Ramón Martín Huerta, que descansaba en su casa de León. Debe recordarse que el ex gobernador interino de Guanajuato tiene su domicilio en esa ciudad, donde reclutó a Fox primero para que fuera vicepresidente de la asociación local de industriales y luego para el Partido Acción Nacional. Si se cometió un delito, es el descrito en el artículo 177 del código aplicable, que en el 179 determina que se perseguirá por querella, es decir no puede hacerlo de oficio el ministerio público.
Si el particular ofendido no la presenta, no ha lugar a la persecución. Si ocurre lo contrario, los inculpados pueden obtener libertad bajo fianza, que les permite ser procesados sin pisar la cárcel. Así se les aplicaría la ley a ellos. Pero también es preciso que se aplique la ley a los causantes de su movilización. Se conoce en abundancia que los manifestantes que sin derecho ingresaron a San Cristóbal van en pos de otro, de que sí son titulares, el de que se les restituyan los depósitos que hicieron mientras trabajaron bajo contrato en Estados Unidos, durante la duración de los convenios binacionales de braceros, vigentes de 1942 a 1964.
Como una saludable medida de previsión social, los pactos determinaron que los empleadores descontaran diez por ciento de sus salarios a los braceros, lo entregaran al Gobierno de Estados Unidos y éste a su vez lo trasladara a México. Aquí, los derechohabientes estarían en situación de reclamar el monto de sus descuentos. Seguramente muchos lo hicieron, sin obtener respuesta. Los fondos remitidos por el Gobierno de Washington fueron, presumiblemente, depositados en una cuenta especial en el Banco Nacional de Crédito Ejidal, que en 1965 se convirtió en Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural. El año pasado se decretó la liquidación de ese banco, proceso que está en curso. Esa hubiera sido, o es todavía, una ocasión para seguir la pista a los recursos ahora reclamados, cuyo monto no puede calcularse con parámetros ciertos pero que sin duda son cuantiosos.
Es muy probable que esos fondos hubieran sido malversados muchos años antes, ya sea para engrosar las cuentas bancarias de funcionarios o para pagar campañas políticas del PRI. Pero hoy debería ser posible averiguar qué pasó con esos fondos e instaurar responsabilidades a quienes dispusieron de ellos sin tener derecho. No es preciso que esa investigación se realice para que se tomen otras medidas. El año pasado fue presentada en San Lázaro una iniciativa de ley que crea el fideicomiso para administrar el fondo de contingencia para apoyar a los reclamantes de sus depósitos de retiro. Pero fue presentada el último día de labores de la anterior legislatura y la nueva no la retomó en su primer período de sesiones. No lo hizo porque el erario carece de capacidad para subvenir a esta necesidad.
¿Por qué sí al IPAB y no a los braceros esquilmados? En la respuesta está implícito el programa de Gobierno de los dos partidos que toman decisiones en el Congreso. Sus diputados están prestos para autorizar montos millonarios a los banqueros y no cantidades menores para encarar una estafa monumental.
Individualmente, o en pequeños grupos, los afectados por el abuso y el desdén de las autoridades no han dejado de reclamar lo que es suyo, desde que volvieron al país tras la terminación de su contrato. Hace por lo menos cinco años que se integraron en un movimiento de más vasto alcance. Quizá los empujan terceros que esperan obtener alguna ventaja, monetaria o política, de su movilización, que es onerosa. Pero eso no los priva de pretender que se aplique la ley.
