Pese a que Bush dijera que apoyaba una reforma a favor de inmigrantes, la Corte de Arizona decidió marginar a este sector de los programas de asistencia pública.
Los Ángeles (SUN-AEE).- La comunidad inmigrante experimentó ayer un duro revés tras conocer la decisión del juez de la Corte Federal de Tucson, Arizona, David C. Fury, en favor de la implantación de la denominada Proposición 200, que marginará a los inmigrantes de los programas de asistencia pública y convertirá a los empleados del Estado en delatores de indocumentados.
La decisión de la Corte Federal de Arizona se ha producido a sólo dos días de que el presidente George Bush defendiera la reforma de las leyes migratorias como una de sus "mayores prioridades" y se pronunciara en favor de la redefinición del rol de la Patrulla Fronteriza para evitar que los inmigrantes que vienen a trabajar a Estados Unidos reciban el mismo trato que los delincuentes, los terroristas y los criminales.
"Resulta cuando menos muy ilustrativo el carácter contradictorio de estas dos decisiones y pronunciamientos. Nos revela hasta qué punto no hay ni siquiera unidad frente a un tema tan sensible como el de la reforma migratoria en el seno de la clase política y el aparato judicial de Estados Unidos", aseguró Luis Ángel Nieto, representante de la Coalición en Defensa de los Derechos de los Inmigrantes en California.
Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su preocupación, por constituir una medida que propicia acciones de discriminación con base en el perfil étnico y que puede generar un clima adverso para la comunidad mexicana que radica en ese estado.
La Cancillería informó que el gobierno de México promoverá por todos los medios a su alcance y en estricto apego al marco legal para que se salvaguarden los derechos de mexicanos.
