EFE
CISJORDANIA.- El Gabinete para Asuntos Políticos y de Seguridad de Israel, que encabeza Ariel Sharon, aprobó ayer los principios que guiarán la evacuación militar y el desalojo de los 21 asentamientos de Gaza y otros cuatro en el norte de Cisjordania.
La decisión, que se centra en propuestas para llevar a cabo la evacuación y el pago de compensaciones económicas a los colonos que deseen retirarse por su propia voluntad, fue ratificada por nueve votos a favor y uno en contra.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Zevulún Orlev, líder Partido Religioso Nacional (Mafdal), fue el único participante en la votación que rechazó la iniciativa de Sharon conocida como el “Plan de desconexión” de los palestinos.
Según las recomendaciones que hizo una comisión ad hoc designada por el jefe del Ejecutivo, en las próximas semanas será posible indemnizar a los colonos que deseen marcharse de forma voluntaria de los asentamientos de Gaza y Cisjordania, en virtud de ese plan.
Esta decisión abre el camino para que el próximo mes de octubre se someta a votación la iniciativa en el Consejo de Ministros, y el próximo tres de noviembre ante el Parlamento, a fin de convertirlo en Ley, según anunció Sharon.
Las reparaciones a las familias de colonos se estiman en sumas que oscilan entre 200 mil y 500 mil dólares.
Se calcula que las indemnizaciones que recibirán los colonos y los empresarios que se vean obligados a desmantelar sus fábricas, demandarán del erario un equivalente a un mil millones de dólares.
Dos ministros de estado, el de Finanzas, Benjamín Netanyahu, y el de Trabajo, Orlev, propusieron celebrar un referendo público del plan elaborado por Sharon, que según distintos sondeos de opinión cuenta con la aprobación de la mayoría de los israelíes.
Pero, para Sharon, quien rechaza de forma categórica una consulta popular de su plan, se trata de una maniobra dilatoria de parte de los colonos y de su principal rival en su partido Likud, Netanyahu.
Y es que para el primer ministro convocar una consulta de ese tipo requerirá un largo proceso legislativo y le obligaría a cambiar las fechas de la agenda para la evacuación, que pretende completar el año que viene.