EFE
GINEBRA, SUIZA.- La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció ayer por la abolición definitiva de la pena de muerte e instó a los países que la mantienen a no aplicarla a menores de 18 años, mujeres embarazadas o madres de niños pequeños, ni enfermos mentales.
La resolución en la que se formulan tales invocaciones fue aprobada pese a la oposición de Estados Unidos, Arabia Saudí y China, que mostraron en este tema una insólita convergencia de puntos de vista.
Los países latinoamericanos -con excepción de Cuba y Guatemala que estuvieron entre los cinco abstencionistas- destacan entre los 29 miembros de la Comisión que votaron a favor, al igual que europeos y Rusia.
En contra de la resolución hubo 19 votos, entre los que figuran también los de Egipto, la India, Japón, Pakistán y varios países africanos.
El texto adoptado por la Comisión, a iniciativa de la Unión Europea, pide que la pena de muerte se limite a los “crímenes más graves” y que tal sentencia pueda ser pronunciada únicamente tras un juicio justo llevado a cabo por un tribunal competente, independiente e imparcial.
En ese sentido, precisa que como “crímenes más graves” debe entenderse aquellos cometidos intencionalmente y con consecuencias “fatales o extremadamente graves” y de ningún modo deben incluirse en esa noción los delitos financieros, prácticas religiosas o las relaciones sexuales consentidas entre adultos.
Por otro lado, la Comisión expresa su preocupación por la decisión de levantar las moratorias impuestas a las ejecuciones en algunos países.
El año pasado, el Gobierno de Cuba, donde regía una moratoria de facto de la pena de muerte, dispuso el ajusticiamiento de tres hombres que intentaron secuestrar una embarcación y dirigirla a Estados Unidos.
En la resolución, la Comisión pide también a los Estados que se garantice a las personas expuestas a una sentencia de pena de muerte el derecho a recibir información sobre asistencia consular.
Esta mención fue incorporada a solicitud de la delegación de México, que se apoyó en una reciente disposición de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ha ordenado revisar los juicios de 51 mexicanos condenados a muerte en EU por considerar que éstos no recibieron la asistencia consular establecida en la legislación internacional.
En otro pasaje de la resolución, se señala que en algunos países la pena capital se pronuncia tras procesos en los que no se han respetado las normas internacionales sobre la igualdad entre las personas.
Esto provoca que personas pertenecientes a minorías nacionales y étnicas, religiosas y lingüísticas parezcan ser “de manera desproporcionada” condenadas a muerte, agrega el documento, que pide que se tomen las medidas necesarias para corregir esta situación.
