Hasta el momento no se conoce el número de jueces, magistrados o ministros que han incurrido en actos de corrupción.
19 de mayo de 2004
México, D.F. (Notimex).- El jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, criticó al Poder Judicial y al Consejo de Judicatura porque hasta el momento no se conoce cuántos jueces, magistrados o ministros han sido sancionados por actos de corrupción.
Luego que se publicara en diversos diarios un desplegado firmado por el Poder Judicial de Federación, en el cual respalda el trabajo de Álvaro Tovilla y León, quien resolvió la situación del predio 'El Encino', el funcionario consideró que es necesario hacer reformas porque todavía en algunos casos, el Poder Judicial está supeditado al Federal.
Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador consideró que hay muchos delincuentes de “cuello blanco” que no les ha tomado la acción de la justicia e hizo alusión a una nota que señala que al ex banquero, Carlos Cabal Peniche, se le devolverán millones de pesos por haber ganado un juicio.
El gobernante destacó que respeta el punto de vista de la Judicatura del Poder Judicial, pero no comparte algunas opiniones.
La Suprema Corte defendió el fallo judicial que llevó a la Procuraduría General de la República (PGR) a pedir el desafuero de López Obrador, quien encabeza las preferencias rumbo a los comicios presidenciales del 2006.
En un desplegado publicado en los principales periódicos mexicanos, la Corte expresó "de manera categórica" su confianza en todos los integrantes del Poder Judicial, en particular de quienes emitieron resoluciones sobre el caso.
La PGR solicitó al Congreso desaforar al edil por no acatar un fallo judicial que le ordenaba detener la construcción de avenidas en un terreno conocido como "El Encino", que fue expropiado a un particular por el gobierno de la capital en noviembre del 2000, un mes antes de que López Obrador asumiera la alcaldía.
La Corte rechazó "imputaciones de deshonestidad carentes de fundamento", un día después de que el alcalde afirmara que se trata de una maniobra política para impedirle una eventual candidatura a cualquier cargo de elección popular.
"Quienes cuenten con elementos convincentes, (que) demuestren las conductas indebidas que algún servidor del Poder Judicial de la Federación hubiesen cometido, lo que, de proceder, daría lugar a imponer las sanciones o penas que correspondieran", retó la Corte.
López Obrador y funcionarios de su administración han asegurado que con la petición de desafuero sólo buscan dañar políticamente al jefe de Gobierno.
El gobierno federal ha rechazado las imputaciones.
