“La gente nunca debería saber cómo se hacen sus leyes o sus salchichas”.
Otto von Bismarck
Hay dos grandes perdedores en la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados que los asambleístas perredistas hicieron el cinco de octubre. Uno es el PRD, que con mucho esfuerzo había tratado de apartarse de su tradicional imagen de belicosidad. Pero el otro es el país, que está presenciando una alianza entre el PRI y el PAN cuyo propósito es atacar a Andrés Manuel López Obrador antes que mejorar el absurdo sistema fiscal de nuestro país.
La misma mañana del cinco de octubre hubo una reunión de los diputados federales del PRD sobre su actitud ante el “albazo” del PAN y del PRI para impulsar una enmienda al artículo 122 de la Constitución que obligaría al Gobierno del Distrito Federal a pagar alrededor de cuatro mil millones de pesos al año en educación básica para la entidad. La decisión de los diputados del PRD fue sensata: darían el debate de rechazo a la enmienda en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los congresos locales y en los medios de comunicación. Pero no recurrirían a medidas radicales como la toma de la tribuna de la Cámara.
Es cierto que la misma decisión de comportarse sensatamente la habían tomado los legisladores del PRD antes del informe presidencial, sólo para verse rebasados por un grupo radical de diputados. Pero el cinco de octubre no fueron los legisladores federales quienes rompieron el acuerdo sino los de la Asamblea Legislativa de la capital quienes tomaron por la fuerza la tribuna de la Cámara. El resultado fue exhibir nuevamente al PRD como un partido intransigente que prefiere la confrontación violenta al debate de ideas.
Y lo peor de todo es que en esta ocasión el PRD sí tenía buenos argumentos que presentar en un debate serio. La decisión de modificar el artículo 122 de la Constitución, con el único propósito de obligar al Gobierno perredista del Distrito Federal a pagar una parte del costo de la educación en la capital, es una medida miope que envenena el ambiente político sin resolver de fondo el problema de inequidad en el reparto de recursos de la federación.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene alrededor de 700 iniciativas pendientes de revisión. Pero la propuesta para modificar el artículo 122 de la Constitución se presentó de manera sorpresiva y con un dictamen previamente redactado. Los diputados del PRD se retiraron de la comisión para romper el quórum, pero aun así la propuesta fue aprobada. Había una decisión previa de sacarla adelante a como diera lugar. El propósito evidente no era llegar a un acuerdo equitativo, sino quitarle recursos a Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa tiene un fondo de justicia. El Distrito Federal es la única entidad de la federación que no participa en los convenios que hacen que estados como el de México o el de Nuevo León paguen hasta el 30 por ciento de la instrucción en su entidad. Es inaceptable que se dé al Distrito Federal, la entidad más rica del país, una exención casi total en los gastos de educación.
Pero había formas sensatas de llevar a cabo esta reforma. La actual nómina magisterial del Distrito Federal asciende a alrededor de 21 mil millones de pesos al año. Si se obliga al Gobierno de la capital a pagar un porcentaje equivalente al promedio que hoy cubren los estados, de alrededor de 20 por ciento, estaríamos hablando de unos 4,200 millones de pesos.
Esta aportación, sin embargo, se podría haber programado de manera gradual. La decisión de aplicarla de un jalón, sin dar tiempo al Distrito Federal de ajustar sus programas de gasto, es indicativo de que el propósito, más que la equidad de la capital con los estados, es golpear a López Obrador.
A mí me queda muy claro que los estados subsidian a la capital del país. Esto lo notamos en la calidad de los servicios de la ciudad de México en comparación con los estados. Mucho se dice que el D.F. recauda el 21 por ciento de todos los impuestos nacionales, pese a tener sólo un ocho por ciento de la población, pero esto se debe a que hay un gran número de empresas que declaran en la capital aunque operan en todo el país.
Necesitamos claramente un sistema fiscal de mayor equidad que no favorezca a la ciudad de México. Pero lo primero es hacer bien las cuentas y diseñar un sistema que no sea discrecional. Pero esto no lo conseguiremos acosando a un aspirante a la Presidencia de la República.
Tercero transitorio
Es bastante cuestionable la enmienda que se pretende hacer al articulo 122 de la Constitución. Pero lo ridículo es el artículo tercero transitorio que se le pretende añadir, el cual le daría constitucionalmente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación un monopolio en la representación sindical del magisterio en el Distrito Federal.
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