El proceso iniciará la segunda quincena del mes de enero.
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado iniciará la auditoría en el Centro de Control Vehicular de la Secretaría de Finanzas en la segunda quincena del mes de enero.
El subsecretario de la Contraloría y Modernización Administrativa, Sergio Estrella Rivera, dijo que se auditarán los dos últimos ejercicios fiscales para tratar de detectar cómo fueron sustraídas algunas placas del servicio público y particular.
Estrella Rivera dijo que en la auditoría participará personal de la ciudad de Durango y algunos que laboran en la Subsecretaría, de forma conjunta los auditores revisarán todos los movimientos que se realizaron durante los dos últimos años.
Este procedimiento iniciará la segunda quincena del mes de enero, se calcula que los trabajos podrían tardar aproximadamente cuatro meses antes de dar a conocer el resultado de la investigación.
Como se informó en ediciones anteriores, el subsecretario de la Contraloría solicitó esta auditoría cuando con el subdirector de Transporte, Antonio De los Santos Ortiz, dio a conocer que había detectado que un taxi portaba un juego de láminas que fue dado de baja desde el 18 de julio de 2003, se presume que las placas habrían sido sustraídas de Control Vehicular.
También se presentaron tres quejas de ciudadanos que aseguran que al acudir a pagar sus derechos vehiculares el personal del Centro de Control Vehicular les entregó el juego de placas y el engomado, semanas después al intentar hacer el cambio de propietario les notificaron en esta misma oficina que no aparecían registrados en el sistema, además que en el recibo se indica que realizaron el pago en Ciudad Lerdo, aunque ellos acudieron a la dependencia que está en esta ciudad.
Dos de las tres quejas ya fueron ratificadas y el tercer afectado se comprometió a corroborarla en el transcurso de esta semana, Estrella Rivera dijo que es necesario llevar la auditoría a fondo porque estas irregularidades podrían generar desconfianza en la ciudadanía y se reflejaría en una disminución en la captación de recursos por el pago de los derechos vehiculares
