EL PAÍS/AGENCIAS
Caracas, VENEZUELA.- Hugo Chávez ha logrado capear el temporal de una semana de disturbios pero ahora deberá enfrentar una tormenta política y diplomática: la renuncia de su embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, Milos Alcalay, quien alega que no puede respaldar las violaciones a los Derechos Humanos que, a su juicio, ha cometido el Gobierno venezolano en la represión de las manifestaciones.
La renuncia de Alcalay, un veterano diplomático de filiación socialcristiana, se produce un día después de que la Coordinadora Democrática acusara al Gobierno de violar masivamente los derechos humanos.
Cuatro días de intensas manifestaciones en Caracas y otras ciudades, dejaron al menos siete muertos, más de mil heridos y más de 300 detenidos. La oposición responsabiliza a la Guardia Nacional de por lo menos cinco de los fallecidos.
Las protestas, que duraron cuatro días, se produjeron mientras se esperaba una decisión del Consejo Nacional Electoral acerca del referéndum revocatorio del mandato de Chávez. Tras el anuncio, las manifestaciones extrañamente redujeron su intensidad.
El CNE declaró válidas 1.83 millones de firmas y puso en observación 876 mil. Para que el referéndum sea convocado es necesario que 603 mil de estas rúbricas sean ratificadas por los electores.
En Caracas un grupo de opositores se manifestó pacíficamente ante la Dirección de la Magistratura, organismo que destituyó a dos jueces, luego de que dejaran en libertad a personas detenidas por participar en los desórdenes.
Inicialmente estaba prevista para ayer una gran marcha de toda la oposición, pero la Coordinadora Democrática la aplazó para mañana sábado.
En Mérida, la policía dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma a decenas de estudiantes que marchaban en esa ciudad, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas.
En la población occidental de Machiques, estado Zulia, una mujer murió y diez civiles y cuatro militares resultaron heridos en una confrontación entre manifestantes y guardias nacionales durante una marcha opositora, informó la oficina de prensa de la guardia nacional de Zulia.
Los arrestos de las 300 personas, denunciados por la oposición, sumados a las denuncias de abusos y torturas cometidas contra manifestantes por supuestos militares, han recalentado el ambiente mientras las autoridades electorales agotan negociaciones para lograr un consenso sobre el proceso de revisión de un millón de firmas que presentó la oposición para pedir un referendo que recorte el mandato de Chávez.
El vicepresidente José Vicente Rangel en un comunicado negó que se hayan producido torturas, afirmando que la “oposición forajida pretende enmascarar sus agresiones a la ciudadanía y a la propiedad pública y privada, acusando al Gobierno de represivo y de violar los Derechos Humanos”.
El ministro de la Defensa, general en jefe Jorge García Carneiro, desestimó las denuncias opositoras, y dijo a la televisora estatal que la fuerza armada se está “preparando para la detención de otras personas”.
Calificó de “malandros” y “terroristas” a los manifestantes y sostuvo que las aprehensiones están ajustadas a las leyes.
Explicó que la presencia de los militares en las calles de Caracas responde a un “plan especial de seguridad” porque las policías capitalinas “se han dedicado a actividades subversivas”. Los cuerpos policiales capitalinos responden a alcaldes contrarios a Chávez.
Portando banderas venezolanas y voceando la consigna de “Libertad, libertad”, alrededor de 300 manifestantes recorrieron una de las principales avenidas del este de la capital.
La marcha llegó hasta las puertas de la dirección de la magistratura del Tribunal Supremo donde la oposición entregó un documento para denunciar las destituciones de jueces que se negaron a avalar los arrestos de manifestantes. La dirección de la magistratura es la instancia disciplinaria y administrativa de los jueces.
Hasta ahora, antes del incidente en Machiques, se habían registrado siete muertos y unos 80 heridos en todo el país desde el estallido de estas protestas.
“Se están haciendo en Venezuela crímenes de lesa humanidad”, señaló el dirigente opositor Antonio Ledezma al fustigar las muertes de manifestantes y las detenciones de cientos de los opositores.
