Cónyuges de matrimonios disueltos, que sienten vulnerados sus derechos humanos por no recibir la pensión alimenticia para sus hijos, acuden ante el ombudsman a solicitar ayuda, sobre todo porque sus ex parejas se fueron de Durango.
La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Norma Beatriz Pulido Corral, informó que en lo que va del año se han presentado 89 quejas por tal motivo, de las cuales 86 corresponden a mujeres, y tres son los esposos. La demanda es pensión alimenticia para sus hijos.
Al no tener competencia el organismo defensor de los derechos humanos en este tipo de quejas, que se refieren más bien a cuestiones de índole civil, lo que se hace es asesorar jurídicamente y canalizarlos hacia las instancias correspondientes.
Inclusive, en los casos en que los demandados ya no están en Durango y trabajan en los Estados Unidos, se establece contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de que se brinde ayuda para localizarlos y hacerles llegar la notificación para que cumplan con la obligación de entregar la pensión alimenticia para sus hijos.
De acuerdo con los casos, en la mayoría la disolución o separación fue consecuencia de la violencia intrafamiliar, según lo manifiestan las mujeres que acuden a presentar la queja; y es aquí donde el asesoramiento se hace para que las víctimas también señalen ante las instancias competentes todas las irregularidades, de tal manera que se obligue a los responsables a resarcir los daños y cumplir con su obligación.
Beatriz Pulido Corral dijo que en la difusión sobre el marco jurídico sobre los derechos humanos, dirigido a los grupos más vulnerables como niños, ancianos y discapacitados, surgen también casos sobre violencia intrafamiliar, por lo que se brinda asesoría y se les canalice.
RESPONSABILIDAD
Hay 448 quejas contra policías
Por otro lado, hasta el 29 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos había recibido 448 quejas, en su mayoría contra elementos responsables de la procuración de justicia, por motivos de lesiones, detención arbitraria, allanamiento, robo, dilación en la atención de la justicia, etc.
Norma Beatriz Pulido destacó que, producto de tales estadísticas, se implementan cursos y talleres sobre el marco jurídico de los derechos humanos, dirigidos a elementos de la Policía Ministerial, Dirección Municipal de Seguridad Pública y agentes del Ministerio Público.
