El procurador de justicia, José Oliverio Reza Cuellar, desmintió al presidente de la Barra de Abogados, Juan Francisco Vázquez Novoa, al señalar que no existe ninguna inconstitucionalidad en aumentar la pena por el delito de secuestro de 50 hasta los 70 años de prisión con una mínima de 15 años.
Como soporte legal, el titular del despacho estatal, citó el artículo 18 de la Carta Magna, el cual faculta a las legislaturas de los estados a organizar su sistema penal conforme crean conveniente, además de que dicho precepto no establece limites en las penas corporales a las que se pueden hacer acreedores los delincuentes.
Tal y como fue dado a conocer por El Siglo de Durango, el presidente de la agrupación de profesionales del derecho, señaló que la exceder los límites de las penas vigentes atentaba contra la propia Constitución, provocando que los secuestradores recurrieran a la vía del amparo para atacar dichas sanciones.
Para realizar tal acción era necesario que el Congreso de la Unión realizara las adecuaciones pertinentes a la Constitución federal, y solamente así se estaría actuando con legalidad al realizar las reformas.
Sobre el tema, Reza Cuellar, a través de un comunicado, expuso su postura indicando que dicha iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado al Congreso local, contempla también la modalidad del ?secuestro exprés?, el cual por su proliferación recibe hasta 25 años de prisión.
Además de ser una medida ?disuasiva?, es para que la población se sienta protegida en caso de ser víctima de este delito, en el que también considera y eleva las penas en caso de que los plagiarios sean familiares o tengan alguna relación cercana con la víctima, o sean miembros de alguna corporación policiaca.
Retomando posturas de otros estados como Puebla, Estado de México, donde está vigente la pena de 70 años, al igual que Chiapas y Chihuahua que castigan los delitos graves has hasta con 60 años, el procurador dejó asentado que a pesar de que la entidad no padece con frecuencia dicho fenómeno, es necesario apoyar dichas medidas a manera de prevención contra la delincuencia organizada.
