EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- El tiempo corre y la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado no cuenta con el dictamen definitivo sobre la presunta responsabilidad penal, contra el ex agente del Ministerio Público, que dejó en libertad por ?falta de elementos?, a los integrantes de una banda de ?clonadores? venezolanos que fueron aprehendidos en septiembre de 2003.
Joaquín Saucedo Flores, subprocurador de Justicia en la Comarca Lagunera de Durango, informó que la averiguación previa y los artículos asegurados a los delincuentes extranjeros, fueron entregados al titular de la Contraloría, Rafael Urista Dávalos, desde octubre del año pasado.
Desde el pasado 18 de diciembre de 2003, la PGJE determinó suspender definitivamente de su cargo al ex servidor público, Juan Filiberto Estrada Rendón, por irregularidades detectadas en más de 30 averiguaciones previas.
La denuncia en torno al caso de la banda de ?clonadores? venezolanos capturada por la Policía Preventiva de Gómez Palacio y liberada por el Ministerio Público, sigue en poder de Urista Dávalos, quien desde octubre de 2003, dijo que acababa de recibir el expediente y evitó aceptar la importancia del caso y dar pormenores.
Extraoficialmente se dio a conocer que es el caso de los ?clonadores? el que tiene mayor atención, incluso se tomó la declaración del ingeniero en Informática que supuestamente fue contratado por Filiberto Estrada el domingo 14 de septiembre de 2003, fecha en la que se dice, respaldó y desapareció la información de la computadora portátil de los presuntos delincuentes.
Cuando tuvo a su disposición a los delincuentes internacionales, el ex representante social aseguró que haría todo lo posible por consignar el caso por el delito de fraude. La supuesta ausencia de afectados cambió el rumbo de la averiguación y en cuestión de horas, los inculpados recuperaron su libertad.
Enterados de la liberación de los delincuentes, representantes de Bancomer acudieron a la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Durango para pedir que se investigue la forma en que la banda de ?clonadores? de tarjetas bancarias obtenían el NIP (número de identificación personal). Los ejecutivos quieren saber cómo era que los ?clonadores? obtenían esta clave de las tarjetas que ?clonaban? haciéndose pasar por empleados bancarios.
Policía los detiene, agente los suelta
Fue el pasado sábado 13 de septiembre de 2003, cuando agentes de la Policía Preventiva de Gómez Palacio realizaron la detención de Omari Cecilia Vargas de Durante de 47 años, su hijo Jonathan Alberto Duarte Vargas de 28 años, Sergio Pacheco de la Oz de 22 años y Juan Manuel Castro Jiménez de 28 años.
Esta banda de ?clonadores? operaba en las afueras de la sucursal de Bancomer ubicada en el bulevar Miguel Alemán y la calle South del Monte, donde bloquearon un cajero automático para ?pescar? a sus víctimas.
Aproximadamente a las 11:30 horas de ese día, los ?clonadores? venezolanos abordaban a los clientes fingiendo ser ejecutivos de la institución bancaria y les pedían que pasaran su tarjeta por un lector de cinta magnética portátil. Con esta operación los datos de la tarjeta quedaban grabados en el lector y posteriormente ?clonaban? la tarjeta.
La captura de esta banda se realizó gracias a la denuncia de una persona que fue abordada por los ?clonadores? para limpiar su tarjeta que minutos antes no había sido aceptada por el cajero automático. Al momento de la detención los venezolanos viajaban a bordo de un vehículo VW Polo sin placas de circulación.
Al momento de su captura se logró asegurar una maleta que contenía una computadora portátil, 24 tarjetas ?clonadas?, cinco mil plásticos ?vírgenes?, cinco mil dólares en efectivo, tres discos compactos, un lector de cinta magnética, un decodificador y un boleto de avión.
Mal funcionario
Suspensión definitiva de sus funciones como agente del Ministerio Público, le fue dictada al ahora ex servidor público, Juan Filiberto Estrada Rendón, al incurrir en un número considerable de faltas marcadas por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. La sanción fue administrativa, la vía penal está pendiente.
La citada resolución fue emitida el pasado 18 de diciembre de 2003, por la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Durango (PGJED) y señala que se detectaron omisiones de todo tipo, pero no se especifica, si el ex funcionario quedó exento de responsabilidad penal.
Joaquín Saucedo Flores, titular de la Subprocuraduría de Justicia en la Región Laguna, señaló que las faltas fueron la ausencia de diligencias, omisiones en las fechas de expedición de oficios, falta de depósitos de fianzas, valoración de daños y lesionados en accidentes y órdenes de detenciones ilegales.
El documento firmado por Rafael Urista Dávalos, contralor interno de la PGJED, habla de un total desorden jurídico y cita casos de diversos accidentes, tomados de las 33 averiguaciones previas que aseguraron de la mesa tres de Delitos Patrimoniales los empleados estatales a finales de octubre de 2003.
