EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- El gran obstáculo para avanzar en la solución al problema generado por la empresa metalúrgica de esta ciudad, es la ausencia de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de contaminación ambiental, advierte Rodolfo Walss Aurioles, director municipal de Medio Ambiente.
Ante la inexistencia de una NOM, dice, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se basa en criterios, pero políticos, no técnicos. ?Es absurdo que por disposiciones de las autoridades federales se haya reubicado a vecinos de Peñoles y los que viven pasando una calle se quedaron, cuando también están próximos a la fuente de contaminación?.
Destaca que Profepa realizó unos estudios cerca del área donde se pretende instalar la Unidad de Salud Ambiental (USA) y envió los resultados a la Dirección de Ecología. ?Yo envié lo referente a la interpretación de los resultados, pero el problema es que no hay una Norma Oficial y las interpretacio-nes resultan diferentes?.
Derechos Humanos
En entrevista por separado, Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador de la Comisión de Derechos Humanos, coincide con Walss Aurioles y dice: ?Lo que nosotros hemos visto es que hay en México muy poca normatividad que regule la operación de las empresas contaminantes?.
En cuanto al plomo, dice, sí establece los niveles de plomo en sangre en los cuales debe trabajar la Secretaría de Salud, pero no establece cuáles son las normas sobre las emisiones, es decir, hasta cuánto se permite que una fábrica pueda estar haciendo sus operaciones y eso representa un rezago legislativo?.
De cualquier forma, añade, desde el punto de vista de los Derechos Humanos, dice, basta que se produzca daños por la contaminación, para actuar sin esperar a que la legislación diga lo que debe hacerse y cuando menos, tomar medidas para disminuir los riesgos.
El representante de Derechos Humanos, reconoce que Peñoles ha cumplido con las medidas dictadas por las autoridades, ?lo que me parece que falta es un poquito más de actuación de la Federación, el Estado y el Municipio?.
Destaca que es la oportunidad de establecer una norma técnica o reglamento que regule el problema que ya se tiene. ?Es difícil legislar sobre lo que no se conoce, pero en este caso ya sabemos lo que ocasiona, los riesgos y daños en los niños y hay que impulsar estas reformas?.
El director de Medio Ambiente reitera que mientras no exista un criterio definido de manera legal, las autoridades están amarradas de manos, pues unos hablan de partes por millón, otros de microgramos por metro cuadrado y así cambia todo.
Por su parte, el toxicólogo, Gonzalo García Vargas, considera que los regidores que autorizaron la construcción de la USA, debieron haber contado con elementos para ello, como la determinación de Profepa, en el sentido de que el área no está contaminada.
Lo que está un poco a discusión, añade, es la congruencia con los lineamientos internacionales sobre contaminación, pues en México sólo existen referencias, pero no se ha legislado en la materia y eso crea confusión.
Consideró que al estar funcionando de manera total la USA, la atención trabaje mejor, pues aunque sí se hace, no se cuenta todavía con las instalaciones adecuadas.
Retroceso
Para las madres de familia resultó claro que los regidores del Partido Acción Nacional estaban de acuerdo en aprobar la construcción de la Unidad de Salud Ambiental, durante la junta de Cabildo celebrada el lunes pasado.
?Hubo un convenio con la empresa para destinar dinero al DIF y al hablar de eso ya se trata de dinero y salud, pero consideramos que en lugar de avanzar se retrocede, pues los médicos que atenderán ahora no tienen experiencia como los que trabajaron en el Programa de Metales?, dice Eva Mendiola Reséndiz, una de las madres de familia que vivía en la Luis Echeverría y se cambió de domicilio.
?La empresa es muy poderosa, es un pulpo que está en todos lados y ha manipulado a las autorida-des, pero vamos a esperar la reunión con los diputados federales mañana (hoy), para ver si se puede hacer algo?.
