Hoy se reúne con su gabinete el presidente Fox. Concluida la Cumbre extraordinaria de las Américas y restaurada la armonía personal entre los presidentes Bush y Fox, éste precisará a sus colaboradores las medidas de austeridad que hacen necesarias el magro presupuesto federal aprobado por la Cámara y las discutibles instrucciones que los diputados enviaron al Ejecutivo sobre el ejercicio del gasto.
Puede ser rebatida legalmente, en especial, la disposición de comprimir la estructura de las oficinas dependientes de la Presidencia, las secretarías de Estado en particular. Organizarlas es facultad propia del Ejecutivo, con base en la ley de la administración pública y los reglamentos cuya emisión le corresponde. Es atinado el diagnóstico que formularon los diputados sobre el exceso de mandos medios y superiores y de funcionarios con alta remuneración. Pero pasar de allí a determinar que no haya más de tres subsecretarías (o cargos con rango salarial semejante) en cada secretaría es inmiscuirse en la esfera ejecutiva, cuyo titular hubiera podido iniciar una controversia constitucional por invasión de funciones. O la fracción panista, que votó en contra, podría pujar por persuadir a 15 diputados más (que hallaría en el grupo elbiazul) para completar los 166 que pueden iniciar una acción de inconstitucionalidad. Al parecer, sin embargo, será acatada la disposición de la Cámara. De eso trata, en buena medida, la reunión de hoy.
La propia Presidencia de la República dispone de seis plazas con el nivel anotado, por lo que deberá prescindir de tres. Es también el caso de las secretarías de Hacienda, Educación, Economía, Relaciones y la PGR, que tratan a sus oficiales mayores como subsecretarios. (Gobernación tenía seis subsecretarios, hasta el mes pasado. Pero la renuncia de José Luis Durán Reveles permitió que su oficina, la de Normatividad de Medios de Comunicación, ya no aparezca en el organigrama. Podría ser ese el procedimiento para suprimir la subsecretaría de Enlace Legislativo, si Humberto Aguilar Coronado resolviera exponerse a buscar la candidatura panista al Gobierno de Puebla no obstante la mejor ubicación de la directora del DIF María Teresa Aranda, el senador Francisco Fraile y el alcalde capitalino Luis Paredes. Las atribuciones de la subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos probablemente serán distribuidas en otras dependencias).
Pero una semana antes de entrar en esta porción del plan de austeridad, el presidente Fox anunció la reducción de 50 mil plazas en la estructura burocrática. Mientras que se le ha criticado por el incremento en el número de cargos de alto nivel y el incremento del costo de la burocracia (en un catorce por ciento, en los tres años de este Gobierno: de 460 mil millones de pesos a 525 mil millones de pesos), Fox se ufanó al hacer aquel anuncio, de que ya eliminó el triple de esa cifra, 150 mil plazas, en la primera mitad de su administración.
El anuncio se produjo en un ambiente de división en el sindicalismo burocrático. Los dos segmentos en que se escindió el órgano central de representación, sin embargo, reaccionaron de inmediato en contra del ajuste de personal, aun cuando no signifique despidos propiamente hablando sino que se practique mediante la fórmula de retiro voluntario.
No prosperó el primer paso concreto rumbo al recorte de la nómina. En la Secretaría de Desarrollo Social el sindicato respectivo organizó una movilización de protesta, que implicó la toma de instalaciones en varios puntos del país y consiguió frenar la medida, que afectaría a un millar de empleados, una cuarta parte del personal sindicalizado. Dicho sindicato es parte de la disidencia que se fue de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en diciembre pasado y que resolvió ya constituirse en una Nueva Federación Sindical Democrática (NFSD). Dado el vínculo político entre Elba Ester Gordillo, motor de esta nueva agrupación y el presidente Fox, habrá que examinar si formular el anuncio de despidos e interrumpirlo de inmediato es parte de una estrategia para prestigiar a la naciente agrupación.
Por lo pronto, la NFSD manifestó su oposición al programa de retiro voluntario y se manifestó contra “la creación de puestos para funcionarios públicos con sueldos y prestaciones exorbitantes”. Ganaría credibilidad su posición si se concretara en denuncias y solicitudes de corrección específicas. No es congruente, por ejemplo, que en la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia, a cargo de Eduardo Sojo (que gana la tasa mayor del nivel H: poco más de 154 mil pesos al mes) su asesora en política de infancia y adolescencia cobre sólo tres mil pesos menos que esa cantidad, como si no existieran, por lo demás, dependencias como el DIF y el Instituto Mexicano de la Juventud e Inmujeres, con capacidad para trazar las políticas de que se encarga tal asesoría.
Si de eliminar dispendios se trata, sin embargo, la reunión del gabinete hoy, o la supervisión legislativa, o la acción del sindicalismo burocrático pueden concentrar su atención en el embajador Carlos Flores Alcocer. Miembro del grupo Guanajuato, fue en la Presidencia jefe de la oficina de Planeación Estratégica. Desde junio representa a México ante la OCDE, en París. Hizo adquirir una casa que costó 1 millón 300 mil dólares, compró cuatro vehículos y gastó unos 14 mil euros (más de 190 mil pesos) en enseres domésticos, entre ellos 6 colchones a 25 mil pesos cada uno.
