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Bruselas, Bélgica.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) autorizó ayer a la Unión Europea (UE) imponer sanciones por 150 millones de dólares a Estados Unidos por la ley Byrd, una norma antidumping contraria a las reglas comerciales.
La Comisión Europea (CE) informó de la autorización que obtuvo la OMC y destacó que este es el último paso formal del proceso antes de que se puedan imponer las sanciones.
Como un paso previo a esta autorización, el 31 de agosto pasado la OMC reconoció el derecho de los países demandantes. La CE resaltó que las “sanciones de represalia” son contra la norma estadunidense que fue declarada ilegal en enero de 2003 ante la demanda que hizo el bloque comunitario junto a otros seis países.
México, Brasil, Canadá, India, Corea del Sur, Japón y la UE, demandaron a Washington por aplicar una norma que autoriza a sus compañías a que denuncien prácticas antidumping y se embolsen el dinero de las sanciones recaudadas por medio de las mismas.
La resolución de la OMC daba la posibilidad a los países demandantes de “tomar represalias” contra Estados Unidos por valor de 150 millones de dólares, que son las que ahora han sido autorizadas.
La CE indicó en su comunicado que los otros seis países demandantes y ganadores del panel contra la ley Byrd tienen asimismo la autorización de la OMC para imponer sanciones a los productos que consideren oportunos.
Agregó que la decisión de la OMC de este viernes es un “paso formal” antes de que se puedan imponerse las sanciones, que se basarán en “tasas adicionales a la importación” de productos estadunidenses, en este caso, al mercado europeo.
Para ello, la UE elaboró una lista donde aparecen los productos procedentes de Estados Unidos que serán objeto de estas sanciones. Entre ello algunos del sector de la maquinaria, productos alimentarios, textiles y de la industria papelera.
La CE reiteró a Washington que retire una ley que contraviene las normas comerciales internacionales e indicó que las sanciones entrarán en vigor a principios de 2005 si Estados Unidos “no pone su legislación en conformidad con sus obligaciones internacionales”.
