Debe Carlos Castaño, fundador de las AUC, contribuir al proceso de paz de las fuerzas armadas
EFE
BOGOTÁ, COLOMBIA.- El Gobierno colombiano autorizó ayer la extradición a Estados Unidos del desaparecido líder paramilitar Carlos Castaño, pero señaló que esta orden se revocará si el afectado cumple ciertas condiciones.
Castaño, fundador de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), está desaparecido desde el 16 de abril pasado tras un episodio confuso en el que supuestamente fue objeto de un atentado.
El Ejecutivo precisó en un comunicado que ?su extradición quedará sin efecto si cumple con los compromisos adquiridos en el marco del proceso de paz con las AUC, abandona sus actividades ilícitas y contribuye a la participación de los paramilitares en ese proceso de paz?. Castaño es requerido por una corte de Estados Unidos para ser juzgado por delitos de narcotráfico.
La resolución del Gobierno advierte que, en caso de ordenarse la entrega de Castaño, éste no podrá ser juzgado por un hecho anterior distinto del que motiva la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena.
La Ley colombiana establece que quienes resultan afectados con la autorización de envío a otro país para ser juzgados, pueden interponer un recurso dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Estados Unidos ha pedido en extradición a Castaño y a otros líderes de las AUC, como Salvatore Mancuso, cuya entrega también fue autorizada por el Gobierno aunque la condicionó a su comportamiento y a la participación en el proceso de paz con los grupos paramilitares.
Las AUC están inmersas con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe en un proceso de desmovilización gradual que, según se han comprometido, se completará antes de que concluya 2005, cuando una fuerza de entre 17 mil y 19 mil combatientes habrá entregado sus armas.
Recomiendan marco legal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recomendó ayer la adopción de un ?marco legal integral? que establezca condiciones claras para la desmovilización de grupos armados al margen de la Ley en Colombia.
En un informe sobre la desmovilización, que es ?una primera aproximación a las negociaciones entre actores armados y el Gobierno colombiano?, la CIDH recoge también los ?desafíos frente a las obligaciones internacionales del Estado en materia de Derechos Humanos?.
El conflicto armado interno afecta a Colombia desde hace ya cuatro décadas e involucra a grupos armados ilegales, tanto guerrilleros de izquierda, como paramilitares de ultraderecha. Estos últimos adelantan un plan de desmovilización masiva de sus fuerzas.
?Durante los últimos quince años los excesos cometidos (contra de la población civil) por los actores en el conflicto armado interno se han traducido en graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario?, añade el documento.
Ello ha agravado ?la crisis humanitaria que afecta a más de dos millones de personas y causado cientos de miles de víctimas fatales?, según un comunicado de la CIDH.
La desmovilización ha avanzado ?sin el respaldo de un marco legal integral que clarifique las condiciones bajo las cuales se desmovilizan personas responsables por la comisión de estos actos?, señala la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
