EFE
TIBÚ, COLOMBIA.- Con la desmovilización el viernes de mil 525 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el noreste de Colombia, suman dos mil 75 los integrantes de esa organización armada ilegal que abandonan este año las armas, de los tres mil que se prevé lo harán en 2004.
Para el director del programa de reinsertados del Gobierno del presidente Álvaro Uribe, Juan David Ángel, la desmovilización y entrega de las armas por el Bloque Catatumbo de las ultraderechistas AUC reflejan el compromiso adquirido por las partes.
?Hay otras desmovilizaciones (de las AUC) que van en camino? para antes de que finalice el año, dijo ayer el funcionario en declaraciones a la prensa.
A mediados de julio del año pasado, el Gobierno y las AUC, encabezadas entonces por Carlos Castaño, cuya suerte se desconoce desde esas fechas, acordaron el inicio de negociaciones que fueron plasmadas luego en el acuerdo de Santa Fe de Ralito.
En Tibú ninguna persona desmovilizada conservó sus armas; ?creo que sacar todas esas armas del conflicto, de la violencia, de todas estas cosas tan tristes que le pasan a Colombia, es lo que el país va a entender y la comunidad internacional también, porque es contundente?, dijo Ángel.
En las últimas semanas se han dado, incluida la del viernes, cuatro desmovilizaciones de las AUC: 452 paramilitares en el municipio de Turbo, en el noroeste, cerca de Panamá; 149 el pasado jueves en Yacopí, al Norte de Bogotá; y otros 49 en la localidad de Mompox, 800 kilómetros al noroeste de Bogotá.
A finales de 2003 se habían desmovilizado 800 miembros del Bloque Cacique Nutibara, el principal grupo paramilitar de Medellín (noroeste), y 155 en el Municipio de Ortega, en el departamento del Cauca (suroeste).
Muchos de los paramilitares han regresado a sus lugares de origen, cercanos a las zonas en las que operaban y en las que ha sido tradicional la escasa presencia del Estado, con el apoyo del Gobierno, que les garantiza mesadas por un año.
Luego, deberán dedicarse a una actividad legal, porque muchos tienen ?ganas de conformar un grupo familiar?, pues ?ahora ven en la paz la perspectiva de tener una familia?, afirmó Ángel.
Extensas zonas deberán ser copadas con fuerza pública para garantizar la seguridad a los pobladores e impedir el regreso de otros grupos armados ilegales con los que las AUC se disputaban el control territorial.
En Tibú, los plantíos de hoja de coca son abundantes, y por ello las autoridades del departamento de Norte de Santander, en donde se encuentra el Municipio, han pedido, junto a garantías de seguridad, inversión estatal para que los habitantes tengan alternativas de vida distintas a los cultivos ilícitos.
La inexistencia de una Ley penal alternativa para los miembros de esas organizaciones ilegales que decidan desmovilizare, que garantice la Justicia y reparación a las víctimas por los graves actos de violencia que han cometido -delitos de lesa humanidad-, son uno de los obstáculos que el Gobierno y el Congreso deben superar.
La falta de definiciones sobre los principios que regirán esa Ley persisten como obstáculo y son causa de desconfianza e incertidumbre entre la población y la comunidad internacional.
Varios miembros de la jefatura de la organización ilegal son objeto de peticiones de extradición por parte de Estados Unidos, entre ellos Salvatore Mancuso, antiguo jefe de las AUC, solicitud frente a la cual este país parece no ceder.
Macuso, que ha liderado las desmovilizaciones, y otros miembros el Bloque Catatumbo acusados de estar implicados en delitos graves, irán a Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba (noroeste), para esperar que la Justicia les defina su suerte.
La Procuraduría colombiana anunció ayer que frente a los procesos de desmovilización una comisión especial ejercerá el control preventivo e intervendrá ante las autoridades judiciales.
El objetivo, según un comunicado del organismo, es verificar ?el cumplimento estricto de las normas sobre los Derechos Humanos y el Derechos Internacional Humanitario?.
