“No puedo ofrecerles ni honores ni sueldos. Quienquiera que ame a su país, sígame”.
Garibaldi
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se precia de haber reducido los sueldos de sus altos funcionarios. Esta decisión, tomada desde el inicio de su administración, la ha presentado públicamente como un signo de honestidad.
Pero yo me pregunto: ¿Hasta qué punto puede haber sido tal medida factor de uno de los problemas de corrupción de su Gobierno? No quiero decir con lo anterior que los sueldos altos eliminen la corrupción.
Los deshonestos —como los criminales— cometen actos indebidos independientemente de sus ingresos. Pero los bajos sueldos pueden ser un factor que le impida a un Gobierno contratar y retener a los mejores profesionales para los cargos de responsabilidad. López Obrador ha hecho mucho énfasis en el hecho de que el secretario de Finanzas de su confianza era Carlos Urzúa. Éste recibió la cartera de Finanzas desde que el tabasqueño asumió el Gobierno del Distrito Federal el cinco de diciembre del año 2000.
Sin embargo, dejó la responsabilidad en julio de 2003. Urzúa señaló en su momento que renunciaba a la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la capital por “razones personales” y, al ahondar sobre el tema, explicó que su propósito era reintegrarse a la vida académica. Efectivamente, Urzúa había sido profesor investigador del Colegio de México y gozaba de un sabático que concluía en agosto de 2003.
Sin embargo, no regresó a esa institución, lo cual le habría permitido reestablecer su antigüedad laboral, sino que se incorporó al Tecnológico de Monterrey en una nueva Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas. Me queda claro que la remuneración no es el único factor que lleva a una persona a cambiar de empleo. Los largos horarios de trabajo son una de las razones por las que muchos profesionales prefieren abstenerse de trabajar en el sector público.
Si a esto le añadimos un salario bajo, entenderemos por qué un buen especialista —particularmente si es honesto y no busca las canonjías indebidas que puede ofrecer una responsabilidad gubernamental— prefiere laborar en el sector privado o en la academia.
Cuando se mostró por primera vez en la televisión el video de Ponce jugando en Las Vegas, varios artículos periodísticos citaron que tenía un sueldo de 66,584 pesos al mes. Ninguno aclaró, sin embargo, la fuente de la información. En la página de Internet del Gobierno del Distrito Federal encuentro que un secretario del Gobierno de la capital tiene un sueldo bruto de 98,095 pesos, que queda en 69,529.61 pesos mensuales después de impuestos y descuentos. ¿Es esto mucho o poco?
Todo depende de para quién. Para la mayoría de los mexicanos —ésos a quienes López Obrador pretende encandilar con la reducción del salario de los altos funcionarios del Gobierno— es todavía muchísimo dinero. Pero para un profesional altamente calificado, con la capacidad de manejar un gasto de 80 mil millones de pesos al año dentro de las complejas restricciones de la administración pública, es quizá muy poco.
Muchos ejecutivos con responsabilidades muy inferiores reciben remuneraciones varias veces más altas en la iniciativa privada. ¿Fue el salario la razón de la salida de Urzúa? No lo sé. El propio ex funcionario decidió no dar a conocer los motivos reales de su decisión, con lo cual abre las puertas a la especulación.
Pero de lo que no hay duda es de que el primer secretario de Finanzas de Andrés Manuel no encontró la motivación suficiente para permanecer en el Gobierno del Distrito Federal, con un jefe que encabeza las encuestas a la Presidencia de la República y que podría haberlo convertido a él, con el tiempo, en secretario de Hacienda. Prefirió dar clases en el Tec. de Monterrey.
Ni siquiera el más alto de los salarios impedirá que un corrupto aproveche una posición de poder. Pero un ingreso competitivo permite retener en el servicio público a especialistas de alto nivel que no están buscando oportunidades para enriquecerse. No tiene mucho sentido para Andrés Manuel vanagloriarse de haber bajado los sueldos de sus funcionarios, cuando esto puede haber sido un factor en la salida de un buen secretario de Finanzas y el encumbramiento de otro que cayó en la corrupción.
Servidor honesto
El 13 de julio de 2003 López Obrador presentó a su nuevo secretario de Finanzas: “He decidido nombrar al licenciado en economía Gustavo Ponce Meléndez, un servidor público honesto y con amplia experiencia en la materia”. Cuando se descubrieron sus irregularidades, se dijo que Ponce no tenía un verdadero pedigree perredista ya que había sido subsecretario de la Contraloría en el Gobierno de Ernesto Zedillo. Sin embargo, desde 1997 trabajó para los Gobiernos perredistas de la capital.
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