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MÉXICO, DF.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados analiza profundizar en las auditorías practicadas, para investigar el posible desvío de recursos públicos a la fundación Vamos México durante 2002.
“Muy probablemente ninguna dependencia o entidad haya transferido de manera formal o expresa recursos monetarios a la Fundación, sin embargo, habría que revisar si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó información sobre la utilización de recursos humanos, materiales o servicios, para apoyar alguna actividad de la Fundación”, refiere el documento.
En el texto, elaborado por la Unidad de Evaluación y Control, se señala también que es necesario revisar las auditorías practicadas al rescate carretero, derecho de trámite aduanero, CFE y Luz y Fuerza del Centro, entre otras.
“Evidentemente, los resultados de algunas auditorías ya analizadas dejan entrever la necesidad de profundizar en las metodologías y procedimientos utilizados por la ASF, para verificar la solidez de sus argumentos y la viabilidad de algunas observaciones”, agrega.
Además, precisa que “no es menor el hecho de que diversos entes auditados presentaron comentarios firmes a las observaciones formuladas, los cuales merecen un análisis cuidadoso”.
En el documento se establece que respecto al rescate carretero en la Cuenta Pública 2002, la ASF formuló cinco observaciones que generaron seis acciones: recomendación a la Secretaría de Hacienda para que en lo sucesivo revele en la Cuenta Pública los avales del gobierno federal por el rescate carretero de 143 mil 442 millones de pesos; una solicitud de intervención al órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones para que inicie un procedimiento administrativo a los servidores públicos que ordenaron en forma extemporánea el pago a la Tesorería de la Federación por 501 millones de pesos.
“En este caso particular deberá profundizarse en el análisis de la validez jurídica del esquema, debido a que el gobierno federal está garantizando los pasivos que este fideicomiso detenta, y a través de Banobras se concentran tanto la función del fiduciario como la de fideicomitente, y presumiblemente también la de fideicomisario”, refiere el texto.
En el caso de CFE y Luz y Fuerza del Centro el informe refiere que deben destacarse los comentarios de la entidad fiscalizada en el sentido de que la ASF no cuenta con atribuciones para revisar ni juzgar la legalidad de los actos de la Comisión Reguladora de Energía, fuera del ámbito de la Cuenta Pública, tampoco para juzgar la constitucionalidad de ninguna ley emanada del Congreso ni normatividad emanada de ésta ni para lo que esté fuera del ejercicio fiscal objetivo de la auditoría.
“La ASF reconoce que no es una autoridad juzgadora de cuestiones de legalidad o constitucionalidad, pero que sí está facultada para elaborar estudios relacionados con las materias de su competencia”, precisa.
El documento será la base para el análisis de la Cuenta Pública 2002 por parte de la Comisión de Vigilancia.
