El 27 de enero pasado el juez Lord Hutton -nombrado por la Cámara de Los Comunes británica para analizar las circunstancias de la muerte del experto en armas David Kelly, quien se suicidó el 17 de julio del año pasado, tras ser revelada su identidad por la prensa, por una presunta filtración de origen gubernamental y por las presiones de que fue objeto por el Gobierno de Tony Blair- exoneró al Gobierno de Blair por la muerte de eminente científico y, por el contrario, lanzó una severa crítica a la BBC por haber transmitido “información infundada”.
El asunto no es fácil ni sencillo; antes bien, se aprecia sinuoso y complejo. Si bien el tema que fue objeto de investigación por parte del juez Hutton fue explorar la muerte del famoso científico británico se ha convertido en los hechos en una herramienta para paliar las críticas al Gobierno británico y para acotar, en los hechos, la independencia de la BBC.
El asunto, además, tiene grandes tintes políticos que mezclan el papel de un medio informativo público, la veracidad informativa, el respeto al secreto profesional y el posicionamiento de un Gobierno. Y vaya que las cosas no son para menos. No sólo por la muerte de un experto que con el concurso de la prensa independiente buscó detener el sentido de la historia, sino también porque por vez primera la BBC se ve envuelta en un caso de semejantes proporciones al haber renunciado el presidente de la junta de gobernadores y el director general, como consecuencia del informe Hutton. De entrada, habría que decir que la BBC como se le conoce por sus siglas y cuyo nombre es British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es, sin duda, uno de los parámetros mundiales de medios de comunicación de calidad, veracidad e imparcialidad. Se trata, también, de un medio de comunicación público que vive de un impuesto especial que pagan los británicos y que posee una gran independencia en virtud de un mandato constitucional que lo aleja de controles comerciales o políticos. Sus prendas de calidad programática han hecho de la BBC un medio informativo con 150 millones de oyentes a la semana y tiene, por esa razón, la mayor audiencia de las emisoras internacionales y esa imparcialidad ha sido un dolor de cabeza para los Gobiernos británicos de cualquier signo político. Lo fue con la conservadora Tatcher y lo es para el laborista Blair.
¿No es eso precisamente una prueba palmaria de la independencia de un medio de comunicación que debe servir al público contribuyente que paga su trabajo y no al Gobierno? Ahora en este caso la manzana de la discordia creciente entre Blair y la BBC residió en las diferencias de percepción y de criterio sobre la amenaza de Irak a la paz mundial.
El punto clave en este aspecto es el siguiente: como se recordará el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas pedía evidencias de que hubiera armas bacteriológicas que pusieron en riesgo la seguridad de la comunidad internacional como requisito para autorizar la intervención de la ONU. En ese entorno, el Gobierno británico publicó el 24 de septiembre de 2002 un informe de inteligencia, según el cual el programa de armas iraquí seguía activo. Más aún, ese informe, afirmó que Irak tenía la “capacidad de lanzar armas de destrucción masiva en 45 minutos”.
El problema para el Gobierno británico empezó cuando el reportero de investigación de la BBC, Andrew Gilligan difundió un reportaje exclusivo el 29 de mayo de 2003. Las revelaciones de Gilligan pusieron al descubierto que los 45 minutos era un dato incorrecto, pero que aún con conocimiento de ello el Gobierno británico decidió publicarlo.
Días más tarde, el propio reportero en su columna dominical del diario Mail on Sunday afirma directamente que fue el portavoz de la oficina del primer ministro el que exageró el documento por considerar que con esa estrategia tendría mayor efecto mediático sobre la amenaza iraquí. Quizá algunas de las lecciones que uno habría que tomar en cuenta de esta circunstancia son las siguientes:
Primera. Los medios informativos públicos deben servir al público y hacer periodismo con imparcialidad y veracidad, como lo señalan prácticamente todos los códigos de ética, pero en donde los medios que viven de los contribuyentes tienen una doble obligación de respetar esos principios.
Segundo, la utilización de fuentes confidenciales en temas de gran calado como el aquí descrito está plenamente justificada, de ahí que haya sido correcto que el reportero Gilligan mantuviera bajo confidencia el nombre de la fuente dando a conocer en cambio el contenido de la información, tomando en cuenta que la fuente era confiable tratándose de un reconocido experto y asesor del ministerio de defensa británico.
Y es que el punto nodal sigue intacto: nadie ha podido comprobar la capacidad de los 45 minutos de Irak que reveló el reportero en su investigación como falsa.
Tercero. En México se debe iniciar el cambio gradual para tener medios informativos públicos y no medios de comunicación del Gobierno bajo la lógica de que un buen Gobierno jamás será tocado por un periodismo de calidad.
Cuarto. Los medios de comunicación públicos, en su verdadera expresión, no son sinónimo de gasto, sino de inversión social y pueden tener un alto raiting como lo ha puesto de relieve la BBC que pese al conflicto mantiene su credibilidad, según encuestas publicadas por distintos medios informativos británicos.
Quinto. Las libertades de expresión e información son herramientas para satisfacer el derecho superior a saber y un medio de información, sea público o privado, no debe negociar el alcance de esas libertades en aras de hacerlas compatibles con los compromisos gubernamentales, que no necesariamente son los de la sociedad. Hoy la BBC ha sido puesta a prueba por el sistema británico a causa de sus virtudes públicas. Habrá que apostar para que la independencia constitucional de que goza no sea cercenada por haber cometido el pecado político de informar sin ataduras.
El autor es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
