Desde 1936 las controversias jurídicas y políticas no han terminado
Aunque en teoría el conflicto por cinco mil 465 hectáreas del predio Bernalejo de la Sierra ha quedado finiquitado con la expropiación en favor de los comuneros de Santa María de Ocotán, municipio de Mezquital, Durango, y el pago de 54 millones de pesos a los ejidatarios de Valparaíso, Zacatecas, el gobernador zacatecano Ricardo Monreal Ávila sostuvo que este asunto ?no está resuelto en términos jurídicos?.
La realidad es que, desde 1936, las controversias jurídicas y políticas no han terminado. El caso de Bernalejo ha sido un asunto con constantes altibajos, de pleitos por la tierra entre comuneros y ejidatarios. Han sido 68 años de desgaste y tensiones que han llegado al borde de desenfrenar la violencia por un predio que ya no es rentable ni para la agricultura ni para el aprovechamiento forestal.
Y es que la disputa del predio Bernalejo de la Sierra no sólo propició conatos de violencia y tensión entre ejidatarios zacatecanos y comuneros indígenas, sino que además generó una confrontación jurídico-política entre el gobernador de Durango, Ángel Sergio Guerrero Mier, y su homólogo de Zacatecas, Ricardo Monreal.
La disputa por el territorio en cuestión tiene su origen en una resolución presidencial emitida el 19 de agosto de 1936, donde se restituyó a la comunidad tepehuana de Santa María de Ocotán una extensión de 421 mil 139 hectáreas, cuya posesión existía desde el siglo XVI.
Sin embargo, el primero de febrero de 1956, la Secretaría de la Reforma Agraria resolvió crear el ejido Bernalejo de la Sierra con una extensión de cinco mil 465 hectáreas, dentro de la antigua hacienda de San Juan de Capistrano ubicada en el territorio del estado de Zacatecas, pero este núcleo agrario se asentó dentro del polígono de las 421 mil 139 hectáreas de la comunidad de Santa María de Ocotán, lo que generó un empalme y a la postre una controversia que hasta el momento sigue vigente, según lo sostiene el gobernador zacatecano Ricardo Monreal.
Desde 1956 en el predio Bernalejo ?enclavado en la zona indígena de Mezquital y ubicado a ocho horas de distancia de la ciudad capital de Durango-, se cultivó un conflicto tenso donde no sólo estaban involucrados presuntos errores de las autoridades de la Reforma Agraria, decretos presidenciales, documentos virreinales, sino que se adicionaron ingredientes políticos auspiciados por los gobiernos estatales de Durango y Zacatecas.
HISTORIA RECIENTE
Tras reconocer que presuntamente hubo un error en la ubicación de Bernalejo, el 25 de junio de 1997, el entonces presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León emitió un decreto con efectos de expropiación en favor de los comuneros tepehuanos y con una indemnización de diez millones de pesos para los ejidatarios de Valparaíso.
Pero este decreto nunca se concretó, pese a que los gobernadores de Durango y Zacatecas de este entonces, Maximiliano Silerio Esparza y Arturo Romo Gutiérrez, respectivamente, estaban enterados del proceso de expropiación.
Cinco años después, el 17 de febrero del 2002, tepehuanos de Santa María de Ocotán realizaron un plantón en las orillas del predio en disputa; ellos lo llamaron una ?toma simbólica? de las añoradas cinco mil 465 hectáreas. Con esta manifestación se reactivó el conflicto e inició una nueva etapa de controversias jurídicas que incluso desataron enfrentamientos políticos entre Monreal Ávila y Guerrero Mier.
La ?toma simbólica? permaneció por un año, luego de que implícitamente las autoridades de la Reforma Agraria, Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales involucrados decretaron un compás de espera.
UN REVÉS
Para el 19 de febrero del 2003, el Tribunal Agrario Unitario de Zacatecas emitió un fallo sobre el conflicto Bernalejo, donde se resolvía la nulidad del decreto de expropiación emitido por Zedillo Ponce de León, pero los comuneros tepehuanos se resistieron a reconocer el veredicto judicial y advirtieron que bajo ninguna circunstancia renunciarían a las cinco mil 465 hectáreas.
Adicionalmente, tras el fallo judicial, el gobierno duranguense esbozó dos propuestas; la primera implica subir la indemnización a 30 millones de pesos ?originalmente estaban proyectados diez millones-, mientras que la segunda contemplaba ceder cinco mil hectáreas a los ejidatarios de Valparaíso en el municipio de Santiago Papasquiaro, Durango.
Sin embargo, el gobierno zacatecano y los propios ejidatarios asumieron con desdén el ofrecimiento del gobernador Ángel Sergio Guerero Mier, de tal manera que el conflicto llegó a niveles peligrosos, luego de que los comuneros bloquearon el camino Canoas, un único acceso para el ingreso o salida al predio Bernalejo.
Nueve días después, el 28 febrero, los comuneros emprendieron una avanzada en su plantón y propiciaron un éxodo forzado para los 42 ejidatarios y sus familias, dejando sus viviendas que habían ocupado desde hacía 47 años.
Para el 12 de marzo, por dimensión que tomó el problema y por los límites cercanos a la confrontación, la Policía Federal Preventiva comisionó a 638 elementos para custodiar la zona y evitar enfrentamientos entre los ejidatarios y los comuneros; adicionalmente, las policías ministeriales de Durango y Zacatecas igualmente fueron asignadas al foco de conflicto.
ACUERDO
Abril y mayo fueron meses de tensión, pero finalmente se destrabó el asunto; el Gobierno Federal, a través de las autoridades de la Secretaría de Gobernación, Reforma Agraria y la Comisión presidencial para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, luego de que se accedió a subir la oferta de indemnización a 54 millones de pesos para cubrir el pago por el predio disputado.
Del monto autorizado y ya finiquitado, dos millones y medio fueron aportados por el Gobierno del Estado de Durango, en tanto que los restantes 51.5 millones de pesos fueron solventados por la Federación a través de diversas partidas.
De acuerdo con los datos proporcionados, cada hectárea costó en promedio nueve mil ochocientos pesos, mientras que cada uno de los 42 ejidatario representó una erogación de un millón 285 mil pesos, aproximadamente.
CONCLUSIÓN
El diputado por el Tercer Distrito con jurisdicción en el municipio de Mezquital, Adán Soria Ramírez, aseguró que el Gobierno del Estado de Zacatecas, lejos de acogerse a una visión de solución al conflicto, adoptó una posición política-partidista, ?pasándose por alto el derecho histórico y jurídico de los indígenas tepehuanos sobre el predio Bernalejo de la Sierra? .
Indicó que el conflicto tiene una esencia agraria y, por tanto, no es un problema entre entidades hermanas, de tal manera que la politización y partidización del litigio sólo generó contradicciones superfluas entre las poblaciones de Zacatecas y Durango.
Después de dos años de conflicto, de litigios en los tribunales agrarias, debates políticos, tensiones, mañana miércoles, en un acto protocolario, el presidente de la República, Vicente Fox Quesada, develará la placa donde se otorga la posesión formal del multicitado predio en favor de los comuneros de Santa María de Ocotán.
Aunque el gobernador zacatecano reiteró que el asunto (de Bernalejo) no está resuelto en términos jurídicos, Fox Quedada, en compañía de las autoridades del sector agrario, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado ?develarán la placa? alusiva a la posesión de las cinco mil 465 hectáreas y con ello cerrar un conflicto agrario de más de 68 años.
LITIGIO POLÍTICO
Persisten controversias
El gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier calificó de ?loquito? a su homólogo de Zacatecas, Ricardo Monreal Ávila, luego de que éste aseguró que el asunto de Bernalejo ?no está resuelto en términos jurídicos, pues aún quedan recursos por desahogar?.
El mandatario zacatecano ?de filiación perredista- reconoció que pese a que los 42 ejidatarios y más de 60 avencidados ya recibieron el pago de una indemnización superior a los cincuenta millones de pesos, el conflicto no está concluido, apuntó en declaraciones periodísticas.
Guerrero Mier destacó que el caso de Bernalejo ya es un asunto finiquitado conforme a la ley y no existe ningún recurso legal, en virtud de que se aceptó la indemnización por parte de los ejidatarios, mientras que los comuneros ya están en posesión de los terrenos.
Por su parte, el secretario general del Gobierno de Zacatecas, Jaime Casas Madero, fue más allá de su jefe, al señalar que la disputa por las cinco mil 465 hectáreas no sólo es un caso sin resolver, sino que además debe ser considerado como ?políticamente explosivo?.
Casas Madero acusó a las secrertarías de Gobernación y la Reforma Agraria ?de malinformar al presidente Vicente Fox y poner en riesgo la seriedad de la institución presidencial?.
RECUENTO
Datos e historias
El 19 de agosto de 1936, el Gobierno cardenista emitió una resolución presidencial que restituía 421 mil 139 hectáreas a la comunidad tepehuana de Santa María de Ocotán, municipio de Mezquital, Durango, cuya posesión estaba confirmada desde el 15 de mayo de 1705 por el gobernador teniente de la Nueva Vizcaya, Luis Ruiz Guadiana.
Un documento extendido por la Real Audiencia de la Nueva España, con fecha 10 de julio de 1712, ratificó la posesión de las tierras en favor de la comunidad tepehuana, pero fue ejecutado hasta el 5 de febrero de 1937.
El polígono de Santa María de Ocotán quedó plasmado en el plano Caravantes, terminado en noviembre de 1885.
La Secretaría de la Reforma Agrario decide crear el ejido Bernalejo con una dotación de cinco mil 465 hectáreas ubicadas en la zona de la antigua hacienda de San Juan de Capistrano, en territorio zacatecano, pero por error el núcleo se empalmó en el polígono de la comunidad tepehuana.
El 25 de junio de 1997, el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, emitió un resolutivo de expropiación de las cinco mil 465 hectáreas en favor de los tepehuanos, como una manera de resarcir el error del empalme.
La expropiación pactada en diez millones de pesos no se concretó y el 17 de febrero los indígenas tepehuanos se manifestaron en un plantón para reclamar la posesión del predio.
Un año después, el 19 de febrero del 2003, el Tribunal Agrario Unitario de Zacatecas declara nulo el decreto expropiatorio del sexenio zedillista.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Durango.
NUMERALIA
Cifras del conflicto
Aunque persisten resistencias, todo indica que el asunto de Bernalejo será finiquitado.
54 mdp
se pagaron por indemnización
5,465 has.
fueron restituidas a los tepehuanos
FUENTE: Sector agrario.
