AGENCIAS
MÉXICO, DF.- Con acciones específicas, la Procuraduría General de la República (PGR) intenta dificultad el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
En la primera de ellas, clasificó como reservada, confidencial y restringida la información de los montos que ha pagado por concepto de recompensas, así como el presupuesto destinado a este rubro en 2004.
Además, solicitó a la Suprema Corte de Justicia invalidar una reforma legal que permitió el acceso de cualquier persona a los expedientes judiciales tramitados ante los tribunales locales de Nuevo León.
En respuesta a una petición de información, formulada con base en la Ley Federal de Transparencia, la PGR argumentó que no puede dar la información de los montos pagados por concepto de recompensas, así como el presupuesto de este rubro debido a que “este tipo de erogaciones provienen a través de la partida 3823 Gastos de Seguridad Pública y Nacional”.
Se le solicitó a la institución un informe detallado de los montos que ha pagado por concepto de recompensas durante la presente administración; la cantidad de dinero que tiene programada para su pago durante 2004; y un reporte de los casos en los que ha ofrecido y ofrece recompensas.
Al contestar los dos primeros puntos, el titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información de la PGR, José Peñaloza, reportó que en virtud de que la partida 3823 “comprende las asignaciones destinadas a la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional en cumplimiento de funciones de actividades oficiales, cuya realización implica confidencialidad extrema, riesgo y urgencia, es considerada de carácter confidencial y restringida”.
En cambio, aseguró que los casos en los que la PGR ha ofrecido y ofrece recompensas la información es pública y se encuentra en la página de Internet de la institución (www.pgr.gob.mx) en el icono destinado a “Los delincuentes más buscados”.
Sin embargo, al revisar dicho apartado de la página de internet se verificó que no hay información alguna sobre las recompensas por concepto de información que ayude a capturar a alguno de los 100 “delincuentes más buscados” del país.
Petición sin respuesta
En el segundo caso, el procurador Rafael Macedo de la Concha presentó el 16 de agosto una acción de inconstitucionalidad, en la que pidió a la Corte declarar la invalidez de la Reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública de Nuevo León, aprobada por el congreso estatal el 22 de junio.
“La Reforma viola el artículo 17, párrafos segundo y tercero de la Constitución”, dice, “en virtud de que al convertir los expedientes en información pública, se pueden generar presiones en los órganos encargados de impartir justicia, lo que podría producir un retraso en la emisión del fallo, o favoritismo en la resolución”.
La Ley aprobada en Nuevo León ordena que “los tribunales administrativos y los tribunales y juzgados del Poder Judicial deberán hacer públicas sus resoluciones e información sobre acciones, diligencias y etapas de los procedimientos en los asuntos sometidos a su competencia”.
Como excepción, fueron señalados los juicios en materia familiar, los casos de delitos sexuales y aquellos que involucren delitos cometidos por menores.
Es la primera vez que disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información son puestas a consideración de la Corte por medio de un recurso como éste, que solo pueden promover la PGR y las minorías legislativas.
