Las figuras como los fideicomisos, fondos, convenios, contratos y mandatos, que reciben hasta 615 mil millones de pesos anuale, no sienten la obligación de transparentar.
SUN-AEE
MÉXICO, DF.- El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, alertó que en México prevalece la resistencia a rendir cuentas y la opacidad en el manejo de los recursos públicos particularmente en dos sectores que reciben dinero federal en cantidades espeluznantes.
Se trata, dijo, de aquellas figuras como los fideicomisos, fondos, convenios, contratos y mandatos, que reciben hasta 615 mil millones de pesos anuales de los que no sienten obligación por transparentar.
El otro sector que se resiste a rendir cuentas son los estados y municipios que reciben en promedio la cuarta parte del gasto total programable, que supera los 1.5 billones de pesos.
En este caso, señaló que no sólo falta voluntad a las autoridades locales, sino que también hay desconocimiento de procesos administrativos y de normas, además de que se da una visión patrimonialista del cargo público.
En entrevista, el auditor superior de la Federación expresó sus apreciaciones con franqueza y sin rodeos sobre algunos de los temas que hoy están en el debate público nacional, sobre los que pesan serias dudas respecto de probables casos de corrupción e irregularidades.
Indignado, subrayó la actitud retadora de algunos servidores públicos y titulares de fideicomisos o fondos que aducen de “manera amañada” al secreto fiduciario para evadir su responsabilidad de abrir sus libros.
Alertó que ese tipo de fideicomisos en la administración pública han aumentado de mil 165 en el año 2001 a más de mil 300 en el presente, manejándose “con una gran opacidad”.
En el caso particular del fideicomiso de la Lotería Nacional - Transforma México-, está en curso una exhaustiva auditoría para identificar probable desvío de dinero, y si se ha cumplido o no con las leyes desde su creación e integración y hasta su forma de operar.
Pero González de Aragón no sólo está ocupado con estos casos, sino también su atención se ha centrado en otros que también preocupan en la opinión pública, como el reciente convenio firmado por Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sindicato, mediante el cual la paraestatal le otorgaría un préstamo por más de 7 mil 700 millones de pesos a la organización sindical.
“Si lo comparamos con los mil 580 millones de pesos del año 2000 que fueron el gran problema del Pemexgate, nos daremos cuenta que este convenio-préstamo alcanza casi cinco veces la cantidad que fue denunciada por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR”, alertó.
Reveló que ya pidió a Pemex copia de toda la documentación de dicho convenio para verificar que no haya alguna irregularidad.
También se refirió al asunto del rescate bancario, en el cual se logró que los bancos resarcieran más de nueve mil 500 millones de pesos que pretendían cargarle indebidamente al erario.
Insistió en que se deben cerrar los espacios que permiten todavía a organismos públicos y privados evadir esa obligación.
Las evidencias, explicó, han arrojado que muchos estados y municipios del país aún no se apegan a los principios de rendición de cuentas, y en algunos casos han llegado al extremo de querer impedir la tarea fiscalizadora del auditor.
“Hay municipios, voy a omitir nombres, que ni siquiera presentan cuentas y eso no puede ser. Nadie puede estar exento de rendir cuentas a la sociedad”, dijo.
Mencionó dos ejemplos. Primero, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que le pidió no fiscalizar a las autoridades locales.
“Hay algo que se ha generado y que preocupa: la Conago me solicitó hace un año que dejara de fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios, y contestamos que era imposible, porque tenemos una facultad constitucional irrenunciable, y que seguiríamos fiscalizando”, agregó.
El otro ejemplo, dijo, lo protagoniza Oaxaca, cuyo gobierno y Congreso local se opusieron hasta en tres ocasiones a que la ASF los auditara, y llevaron el caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que defina si el auditor tiene o no facultades para ello.
“No tenemos la menor duda que, proviniendo de la Constitución, no debe haber confusiones respecto de las facultades y atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación”, atajó González de Aragón y retomó su puro.
Además, consideró necesario establecer el servicio civil de carrera a nivel municipal para evitar “la visión patrimonialista del cargo público” que lleva a las autoridades “a querer resolver su problema económico y el de sus futuras generaciones” durante los tres años que están en el cargo.
El auditor señaló que, para lograr el cumplimiento de las crecientes demandas fiscalizadoras en el país, requiere que la Cámara de Diputados le apruebe un incremento a su presupuesto, pues hasta ahora ese organismo tiene capacidad para fiscalizar el equivalente dos por ciento de la cuenta pública federal, una medida muy lejana al promedio internacional que se ubica entre cinco y diez por ciento.
Sin ocultar su preocupación, González de Aragón calificó de insuficiente la propuesta que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara planteó en principio para otorgarle el próximo año 681 millones de pesos, en vez de los 734 millones que había solicitado como mínimo.
Aunque esperanzado de que los diputados sabrán reconocer la importancia del valor de las auditorías, recordó que lo óptimo sería un presupuesto de mil 11 millones de pesos, con lo cual ampliaría la muestra fiscalizadora de la cuenta pública a 2.6 por ciento y actualizaría su infraestructura tecnológica e informática para llevarla a cabo.
Un escenario mas modesto, dijo, sería que la ASF tuviera 905 millones de pesos, que llevarían la muestra fiscalizable de la cuenta pública a 2.4 por ciento
El presupuesto del auditor para el 2004 es de 614 millones de pesos.
