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Bloqueos/Nuestro concepto

El pasado seis de mayo, un grupo de vecinos inconformes por la construcción de una gasolinera en el bulevar Revolución, esquina con la calzada Colón, liderados por la diputada local del PRD, Beatriz Granillo, decidió bloquear la vía de comunicación.

Fiel al compromiso asumido con anterioridad de no permitir alternaciones al orden público y –por supuesto- para privilegiar el Estado de Derecho, apareció en el lugar el Escuadrón Femenil de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Tras un breve pero muy escandaloso intercambio de empujones, uno que otro golpe y medio centenar de frases altisonantes, se puso fin al bloqueo.

En esa ocasión, el alcalde Guillermo Anaya manifestó su preocupación de que en conflictos de cualquier naturaleza, en lugar de acudir a instancias legales, se promuevan movimientos que dañan a terceros, tal y como sucedió con la obstrucción del bulevar Revolución que dejó varados a cientos de automovilistas.

Al día siguiente, siete de mayo, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada demandó al alcalde Anaya, que no permita más violaciones al Estado de Derecho ni trastornos al orden público, porque lo único que generan es un clima de ingobernabilidad que afecta las inversiones.

Ayer, poco más de cinco semanas después de aquel incidente, los maestros de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, inconformes con su dirigencia, decidieron tomar las calles, bloquear importantes vías de comunicación, hasta llegar al Distribuidor Vial Revolución en donde llevaron a cabo una suerte de plantón que generó un verdadero caos.

Pero ahora, no llegaron los policías a imponer el orden, por lo que los maestros, después de dos horas de fijar las reglas del juego, regresaron hasta las instalaciones de la UPN, igualmente marchando por las calles, mientras que los automovilistas tenían que buscar vías alternas antes de quedar atrapados.

Los empresarios podrán volver a demandar que la autoridad municipal no permita alternaciones al orden público ya que se genera con ello un clima de ingobernabilidad. Habría que esperar que ahora sí, estas autoridades entiendan que la aplicación de la Ley debe ser general, sin excepciones y que los maestros, al igual que en su momento los vecinos, dañan a terceros al obstruir vías de comunicación.

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