Gedhun Choekyi Nyima,
el Panchen Lama, de diez años de edad, sigue siendo el preso
político más joven del mundo.
Red de Información del Tíbet
Los Estados Miembros, los mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos y diversas organizaciones no gubernamentales siguen documentando las violaciones de los derechos humanos de los tibetanos que perpetra el Gobierno chino. A decir verdad, estas violaciones de los derechos humanos están aumentando en número y gravedad desde que la Subcomisión aprobó la resolución 1991/10. Cada una de ellas es motivo de preocupación para la Subcomisión y, consideradas en conjunto, el patrón que ponen de manifiesto es tan generalizado y persistente que exige una condena y una actuación inmediatas.
La Comisión Internacional de Juristas reconoció, en su informe de 1997 relativo al Tíbet, la existencia de esa pauta de violación de los derechos humanos, y las fuentes de la misma, concluyendo que el Tíbet se encuentra bajo “el yugo extranjero” e instando a que se celebre un referéndum en el que los tibetanos determinen cómo desean ser gobernados. A decir verdad, la única manera de poner fin a las persistentes violaciones de derechos humanos en el Tíbet sería permitir que los tibetanos ejerciesen su derecho a la libre determinación.
En los 20 años últimos, el Gobierno en el exilio del Tíbet, dirigido por Su Santidad el Dalai Lama, ha seguido una política de diálogo con China para resolver el problema tibetano. Con este espíritu de reconciliación y compromiso, Su Santidad el Dalai Lama ha formulado numerosas propuestas, pero los dirigentes chinos siguen oponiéndose a celebrar negociaciones sin condiciones previas, aunque el Dalai Lama ha dejado claro que no busca la independencia del Tíbet. China, en cambio, ha puesto en marcha una implacable campaña en el Tíbet para privar aún más a los tibetanos de sus derechos humanos y libertades fundamentales.
La supresión de la religión
El Gobierno chino sigue tratando de socavar la práctica del budismo tibetano. Se sigue negando a permitir el paso de visitantes que pueda confirmar el estado de salud del undécimo Panchen Lama del Tíbet, Gedhun Choekyi Nyima. Varios grupos de defensa de los derechos humanos y Gobiernos han dado a conocer que decenas de monjes y monjas han sido detenidos o expulsados de sus monasterios por oponerse a una “campaña de reeducación” en marcha o negarse a denunciar al Dalai Lama, como sucedió en el asalto al monasterio de Rongpo Rabten, prefectura de Nagchu, en el curso del cual se detuvo a 15 monjes. Las autoridades chinas han demolido además templos y monasterios, por ejemplo, el de Drag Yerpa, santuario objeto de peregrinaciones tradicionales situado en las afueras de Lhasa. En los tres últimos años se ha llevado a cabo una campaña concertada de reeducación para socavar la importancia del Dalai Lama como dirigente religioso, llegándose incluso a redefinir la importancia histórica del budismo tibetano para la cultura del Tíbet. En el Tíbet nororiental (denominado por las autoridades chinas Qinghai), se ha obligado a monjes de más de 60 años de edad a “jubilarse”, con el propósito visible de restringir la supervivencia de las tradiciones budistas tibetanas. Además, China pretende en la actualidad transformar el Tíbet en una región “atea”.
La limitación forzosa
de los nacimientos
Aunque China ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, son habituales los actos de violencia contra las mujeres tibetanas patrocinados por el Estado. El artículo 16 de la Convención otorga a las mujeres el derecho a decidir el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y prohíbe la esterilización o el aborto obligatorios. Pues bien, en el Tíbet se aplican políticas restrictivas de control de la natalidad con medidas de coerción y fuerza. Se siguen recibiendo informes sobre campañas de abortos y esterilizaciones obligatorios llevadas a cabo en las aldeas, por ejemplo, en el distrito de Chushur, dependiente de la ciudad de Lhasa donde se esterilizó a 308 mujeres en el plazo de sólo un mes a finales de 1996. Refugiados llegados a la India y Nepal informan asimismo que entre las medidas de coerción están el denegar a los nacidos después de haber tenido su madre el número máximo de hijos fijado por las autoridades la tarjeta de inscripción y demás servicios de seguridad social y la expulsión del puesto de trabajo o la imposición de gravosas multas a las mujeres que se nieguen a ser abortadas o esterilizadas. En el contexto del traslado simultáneo por China de millones de colonos chinos al Tíbet, esta manera de actuar plantea graves interrogantes acerca de las posibles violaciones de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.
Detenciones y
encarcelamientos arbitrarios
Desde 1988, ha aumentado enormemente en el Tíbet el número de presos por motivos de conciencia. Según la Red de Información del Tíbet (TIN), en la actualidad hay 550 personas detenidas (por lo menos 17 de ellas niños), pero son sin duda muchas más por los esfuerzos que las autoridades chinas hacen para que no se conozcan los datos. Según otros cálculos recientes (por ejemplo, los efectuados por el Centro Tibetano de Derechos Humanos y Democracia y Vigilancia de los Derechos Humanos), hay más de 1,000 presos políticos. Además, se está deteniendo, por delitos políticos, a más tibetanos en las zonas del Tíbet que quedan fuera del territorio que China ha designado como Región Autónoma del Tíbet. Gedhun Choekyi Nyima, el Panchen Lama, de diez años de edad, sigue siendo el preso político más joven del mundo.
Torturas
El primer artículo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el que China es Estado Parte, prohíbe cualquier tipo de tortura. Pues bien, no existe ningún informe independiente según el cual haya mejorado el trato que se da a los presos políticos tibetanos. Las torturas siguen siendo habituales en los centros de detención y en las cárceles y se están difundiendo nuevos métodos, como el “ejercicio forzoso”, además de los métodos habituales, como golpear con porras eléctricas; propinar palizas; marcar con palas al rojo vivo; escaldar con agua hirviendo; colgar boca abajo o de los pulgares; dar puñetazos; atacar con perros; exponer a los presos a temperaturas extremas; privarles de sueño, alimentos y agua; encerrarlos en aislamiento; violencias sexuales y amenazas de tortura y muerte.
Ejecuciones sumarias
En 1998, resultaron muertos por lo menos 11 presos políticos en la cárcel de Drapchi, Lhasa, en el curso de las protestas que hubo en ella en mayo de 1998, o poco después. Uno, Karma Dawa, que contribuyó a iniciar las protestas, fue ejecutado poco después. Otros diez, seis monjas y cuatro monjes, todos ellos presos políticos, murieron a causa de los malos tratos y el aislamiento a raíz de las protestas de mayo de 1998. Ese mismo año, otro monje que acababa de salir de la cárcel de Trisam, Yeshe Samten, falleció a causa de los malos tratos.
