Pocas comisiones del Poder Legislativo como la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión han dejado tan pocos resultados desde su creación. El canal del Congreso -creado en buena medida gracias a la perseverancia del senador Javier Corral Jurado- ha podido transitar la tormenta legislativa a la que ha sido sometido desde su creación el 28 de agosto del año 2000, gracias al trabajo de sus directores que han dado de facto un cariz público a ese instrumento de comunicación. En poco más de cuatro años de vida, este medio se ha convertido en la manzana de la discordia partidista.
Hay un sector que pensó que debía ser un medio público, encabezados por su promotor Javier Corral, y otro, en cambio, que ha sostenido el criterio de la ventaja política partidista al margen de los intereses de la sociedad. Acaso esas profundas diferencias de percepción y de criterio expliquen que en la legislatura anterior haya habido literalmente un empate entre las posturas de los integrantes de esa comisión bicameral quienes, por esa misma razón, no pudieron llegar a acuerdos en torno del futuro y perfil de ese canal.
En la actual Legislatura, la comisión se integró tardíamente -el 21 de abril pasado-, pero con la intención de resolver los problemas presupuestales que aquejan a ese medio de comunicación y definir de una vez por todas su perfil: medio público o medio gubernamental difusor de las actividades del Poder Legislativo federal.
Hasta el día de hoy sólo existe una propuesta formal para enriquecer el proyecto de decreto del reglamento del canal del Congreso. Se trata de una atendible iniciativa del diputado Luis Medina, integrante de esa comisión y vinculado a la radio comprometida con la sociedad en su natal Zacatecas. Luis Medina pone el dedo en la llaga al formular una serie de ideas que le darían un rostro ciudadanizado y sujeto a la rendición de cuentas programática a esa instancia alternativa de comunicación. En efecto, la propuesta de Medina sugiere que:
1. Se establezca la figura del “defensor del televidente”; definiéndose como el interlocutor entre el canal de televisión del Canal del Congreso y la audiencia, siendo sus funciones principales, las siguientes: a) atender las quejas y sugerencias de los usuarios del canal sobre los contenidos de la programación, velando por la aplicación de las normas vigentes, así como los principios de objetividad, veracidad, imparcialidad, ética, pluralidad, equidad y oportunidad. b) Promover el conocimiento de los derechos que asisten a los ciudadanos como usuarios del canal de televisión. c) Velar por el cumplimiento de las normas básicas de programación aprobadas por la Comisión Bicameral. d) Velar por el correcto funcionamiento del Canal de Televisión del Congreso, en estricto apego al reglamento y al Estatuto del Defensor del Televidente”.
Se trata, por supuesto, de una propuesta que se compadece con las mejores expresiones de los medios públicos en la experiencia comparada, en virtud de que sometería a una estricta vigilancia el mandato reglamentario y legal del canal del Congreso con lo efectivamente realizado por el medio, además de generar ese espacio autónomo entre el canal y la audiencia que por ahora no hay en México.
2. Se democratice la forma del nombramiento del director del Canal del Congreso, en la medida en que se propone que el proceso del nombramiento pase por un comité integrado por expertos y legisladores, el cual a partir de una convocatoria pública emitida por la comisión bicameral, seleccionaría a los cinco mejores candidatos con base en su currículum debidamente comprobado. Estos prospectos habrían de ser sometidos a un examen de oposición sobre la materia. Y el aspirante que obtenga la mayor calificación, sería designado como director del canal. Es evidente que esta propuesta acotaría el margen de discrecionalidad y el ejercicio de criterios políticos de los legisladores y priorizaría, en cambio, el conocimiento objetivable como parámetro rector para el nombramiento del titular de ese medio, lo cual, por lo demás, tendría un impacto en los medios por ahora gubernamentales que existen en el país.
3. Se establezca el servicio profesional de carrera en el canal del Congreso. Esta propuesta es complementaria de la anterior y coadyuvaría a reducir al mínimo la posibilidad de recomendaciones y acomodos políticos en perjuicio del conocimiento del canal. De la misma forma, se otorgaría la seguridad laboral de la que ahora carecen quienes desempeñan sus labores en ese medio informativo. De la misma manera, se propone un activo mecanismo para asegurar la operación de la comisión bicameral vista seguramente la desafortunada experiencia de la legislatura pasada.
El próximo 22 de septiembre se ha establecido como fecha para la próxima sesión de esa comisión legislativa. Sería deseable que las sugerencias democratizadoras que se reflejan en la propuesta de Luis Medina no sean únicamente el compromiso de un solo legislador, sino una convicción compartida de los demás integrantes de ese cuerpo colegiado para bien de la sociedad entera.
Y precisamente el debate sobre los medios públicos será uno de los temas del V Congreso Nacional y primero internacional de derecho de la información (Vcongresoinformacion@yahoo.com.mx) convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se celebrará los días 11, 12 y 13 de noviembre en Querétaro, Querétaro, bajo los auspicios de varios organismos y dependencias relacionados con el derecho a saber.
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM evillanueva99@yahoo.
