“Un partido político es la locura de muchos en beneficio de unos pocos”.
Alexander Pope
La Constitución es muy clara en este tema. En su artículo 35 establece como derecho de todo ciudadano mexicano “el poder ser votado para todos los cargos de elección popular”. Además, en el artículo quinto señala que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
Lo sorprendente del caso es que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, un ordenamiento menor en jerarquía que la Constitución, determina en su artículo 175 que “corresponde exclusivamente a los partidos políticos nacionales el derecho a solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular”. En otras palabras, los partidos tienen el monopolio de acceso a los puestos de elección.
Este pasado 25 de marzo Jorge Castañeda se presentó formalmente como “candidato ciudadano” a la Presidencia de la República. El término mismo es engañoso. Un candidato ciudadano en cualquier país es el que se postula al margen de los partidos políticos. En México, sin embargo, a pesar de los derechos que otorga la Constitución, nadie puede ser candidato a un cargo de elección popular sin pasar por el tamiz de los partidos.
El camino por el cual se creó esta disposición tan cuestionable es muy claro. Fueron los partidos los que establecieron las reglas electorales que actualmente se encuentran vigentes. Y fueron sus dirigentes quienes se dieron a sí mismos el monopolio de acceso al poder.
Los responsables de este atropello afirman que un país necesita tener un sistema de partidos fuertes para que la democracia pueda funcionar. Y nadie lo duda. Pero eso no significa que se le cierren las puertas a las candidaturas ciudadanas.
Todos los partidos políticos han dado muestras de corrupción o incapacidad para gobernar en un momento u otro. No en balde la visión que de ellos tiene la gente común y corriente es de desprecio. Una verdadera candidatura ciudadana, que se colocara al margen de los partidos, tendría en estas condiciones por lo menos una importante jerarquía moral.
Castañeda no será en realidad un candidato ciudadano. Su apuesta política es que su candidatura genere un apoyo popular suficiente como para que algún partido pequeño lo postule con el fin de recoger votos y mantener su registro. Esta vergonzosa compra de candidaturas se vuelve necesaria por el Cofipe. Y en realidad es una lástima, porque Castañeda tiene ideas propias que no tienen porqué coincidir con las de alguno de los partidos.
Si las reglas del juego lo permitieran, de hecho, podría haber varios posibles candidatos ciudadanos interesantes. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad de que el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, fuera postulado a la Presidencia de la República. Su falta de militancia en un partido político, sin embargo, es un gran obstáculo para que esto se haga realidad.
Es absurdo pensar que sólo los miembros de un partido, o los políticos con capacidad para sobrevivir a las complejas batallas que se libran en el interior de los partidos, deben ocupar cargos de elección popular en nuestro país. Pero además esto es una abierta violación a los derechos políticos de la enorme mayoría de los mexicanos que no pertenecemos a ningún partido ni tenemos deseos de hacerlo.
A pesar de la injusticia de la actual situación, ninguna de las iniciativas de reforma electoral que se encuentran bajo consideración -ni la de la Presidencia de la República ni la de ningún partido- contempla la derogación del artículo 175 del Cofipe. A ninguno de los políticos le interesa hacer realidad la garantía del artículo 35 de la Constitución que nos da a todos los mexicanos el derecho a ser votados a cargos de elección popular. Ninguno de los políticos que pueden someter iniciativas al Congreso está interesado en despojar a los partidos de ese monopolio de acceso al poder que tanto los ha beneficiado y que tanto daño le ha hecho a la nación.
Quizá los ciudadanos no podemos esperar que los políticos tomen medidas que los perjudiquen a ellos mismos. Pero cuando menos debemos estar conscientes de la perversidad de un sistema que le da a los partidos, en régimen de monopolio, una facultad que todos deberíamos tener.
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Siempre me he opuesto a los monopolios -públicos o privados- por el daño que provocan en los consumidores. Sin embargo, me parece irracional la decisión de la Unión Europea de obligar a Microsoft a vender una versión de Windows sin el programa Media Player. Bajo el argumento de combatir una práctica monopólica, los burócratas obligan a Microsoft a vender un producto menos completo que el actual y dañan así a los consumidores.
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