Jorge Castañeda comienza a modificar su discurso sobre los partidos, o tiene dos discursos. En sus intervenciones locales, en su publicidad pagada se presenta como candidato ciudadano, una figura inexistente en la Ley (y que es inviable con las normas vigentes) y denuncia el monopolio de los partidos en la presentación de las candidaturas. Al presentarse la semana pasada en Nueva York, en cambio, concentró su crítica en los partidos actuales, como vetustos e irreparables y estableció la necesidad de crear nuevos partidos.
En un sistema de financiamiento electoral público, como el establecido en México, ni siquiera una improbable sentencia judicial definitiva e inatacable podría legitimar la candidatura de un ciudadano al que no presente un partido. Son los partidos los que reciben el dinero público y deben rendir cuentas a la autoridad electoral (y cuando lo malgastan, como ocurrió el año pasado, se exponen a las millonarias multas que el IFE está por asestarles). Un candidato ciudadano no podría, en los términos de la Ley actual, recibir un financiamiento análogo y entonces contendería en abiertas condiciones de iniquidad, contraria a los principios que sostienen el sistema electoral. Adicionalmente, no habría recursos que alcanzaran para financiar, aunque fuera con exiguas cantidades, a la multitud de candidatos ciudadanos que aspirarían a la Presidencia si contaran para ello con apoyo pecuniario público. Y ni pensar en que se concediera financiamiento a unos sí y a otros no. Todo el que quisiera tendría derecho a recibirlo.
Castañeda alega que es inconstitucional el monopolio partidario en la presentación de las candidaturas, porque los ciudadanos tienen el derecho de votar y ser votados. Pero todos los derechos constitucionales, todas las libertades están reguladas. Casi ninguna es ejercible sin atenerse al acotamiento legal. La libertad de tránsito prescrita en la Constitución, por ejemplo, se hace practicable mediante regulaciones que incluyen la licencia de manejo para quien quiere transitar por calles y caminos tripulando un vehículo y pasaportes para quienes entran y salen del país. Ni la licencia ni el pasaporte vulneran la libertad de tránsito, la regulan. Así el procedimiento electoral: encauza el derecho de los ciudadanos a ser votados.
Diferente del de Castañeda ha sido el intento de Everardo Moreno Cruz. Iniciado hace medio año —pasado mañana se cumplen exactamente seis meses de su mensaje de arranque—, este esfuerzo peculiar puede parecer candoroso o, para los suspicaces, ser una maniobra que algo esconde, o un mero pretexto del protagonista para figurar, persiguiendo un objetivo inalcanzable cuando en realidad en vez de la candidatura presidencial se contentaría con una a senador o diputado.
Me parece que se trata de un empeño genuino por ejercer derechos sin ignorar que existen factores políticos determinantes que pueden hacer nugatorios esos derechos. En un partido donde la capacidad económica determina la posibilidad de figurar y aun la de ser incluidos en las encuestas, parece una ingenuidad realizar a pie una campaña directamente, en busca del apoyo de los militantes. Salvo Moreno Cruz, los aspirantes a la candidatura presidencial priista disponen de recursos institucionales: Roberto Madrazo, los de la presidencia del PRI, mientras que los gobernadores de Veracruz, Tamaulipas, México e Hidalgo gastan los del Gobierno que encabezan. Esa facilidad les da presencia pública —véanse los despliegues propagandísticos que colman los medios impresos y electrónicos— que los gobernantes suponen popularidad.
Moreno Cruz anunció su aspiración a la candidatura presidencial del PRI el 21 de octubre pasado. De inmediato inició una gira que ha cubierto ya casi la mitad de las entidades de la República. Aunque ha buscado aparecer en los medios informativos, a través de conferencias de prensa y entrevistas, su finalidad inmediata es visitar a los militantes de su partido, a sus órganos directivos. No es un candidato ciudadano en busca de un resquicio legal que ampare su aspiración, ni busca el apoyo de un partido falto de propuestas interesantes. Ha sido priista y quiere que en su partido la candidatura presidencial se decida en consulta directa a la base —y aun abierta a los ciudadanos, como ocurrió en 1999— y no en una convención de delegados y menos aún en conciliábulos secretos.
En general ha tenido respuesta cortés de los órganos directivos a los que ha visitado, con la excepción del comité estatal de Nuevo León cuyo presidente se mostró desdeñoso. Fue peor, sin embargo, la conducta del líder priista poblano, Moisés Carrasco que el cuatro de marzo pasado mostró un autoritarismo sectario que es precisamente el tipo de actitud que a juicio de Moreno Cruz debe desterrarse. El aspirante a candidato (tal es la definición de su estatuto legal y político) repartía su propaganda en la explanada donde se festejaron los 75 años del PRI, en la capital de Puebla. El propio Carrasco quiso impedir que lo hiciera, por considerarla una ofensa a Madrazo que será, según su anuncio, el candidato presidencial, por lo que nadie debe agraviarlo con un desafío en esa dirección.
Moreno Cruz ha sido desde 1968 profesor en la UNAM, donde estudió la licenciatura y el doctorado en Derecho. Su paso por la administración pública culminó en el sexenio pasado como subprocurador en la Procuraduría General de la República. Se dedica ahora al ejercicio privado de la abogacía.
