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México, D.F.- Un informe de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados reveló que “la seguridad social universal en México es todavía lejana: en el último trimestre de 2003, 45.1 millones de ciudadanos, 43.2 por ciento de la población, carecía de ella”.
Su presidente, el diputado Miguel Alonso Raya, explicó que por seguridad social universal “debemos entender la atención que se debe brindar a los mexicanos -adultos mayores- que ya no pueden trabajar para mantenerse, es decir: servicios de salud, pensiones y debería estar, el seguro del desempleo”.
Destacó que 67 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), alrededor de 28.4 millones de personas y 42.1 por ciento de asalariados, aproximadamente 10.9 millones de ciudadanos, tampoco cuentan con la seguridad social.
El estudio retomó cifras del Consejo Nacional de la Población (Conapo), para señalar que a mediados de 2003, “sólo 18 por ciento de los 5.3 millones de personas con 65 años o más tenía acceso a una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE)”.
El legislador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mencionó que entre los factores que han generado esa desigualdad “se encuentran las pensiones de privilegio que se les otorgan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes se incrementaron sus pensiones mensuales de 71 mil a 122 mil pesos y las que se les otorgan a los ex presidentes, las cuales equivalen a diez mil 300 pensiones del IMSS o tres mil 400 del ISSSTE”.
A su juicio, la Banca de Desarrollo establece condiciones de privilegio para sus altos funcionarios, como en el caso de Nacional Financiera (Nafinsa), cuyas jubilaciones no se sujetan a lo previsto en la normatividad, sino a decisiones discrecionales de los órganos de dirección.
El caso más cuestionable, recordó, es el de José Angel Gurría, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, cuya jubilación en 1999 ascendió a 84 mil pesos.
Ante esa situación, mencionó que al interior de la Comisión de Seguridad Social se deben revisar los siguientes aspectos, para dar solución al problema de la seguridad social: -El pasivo contingente de los sistemas de pensiones de estados y municipios, que asciende a 1.5 billones de pesos, que equivale a 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
-El pasivo contingente de las universidades públicas, el cual hasta 2001 alcanzaba 170 millones de pesos.
-Las Fuerzas Armadas requieren para pensiones cuatro mil 975 millones de pesos, además de mil 154 millones más para otras prestaciones.
-Los pasivos laborales de los organismos y empresas descentralizadas, los cuales constituyen una presión a las finanzas públicas, no sólo en el caso del IMSS. Por ejemplo, Pemex fue la paraestatal con el mayor crecimiento en el gasto por pensiones, con 137 por ciento en 2002.
Para atender la problemática antes mencionada, precisó el diputado, se requiere: Revisar los regímenes de pensiones especiales y los derivados de contratos colectivos de trabajo; evaluar la reforma del IMSS de 1995 e identificar los cambios necesarios; integrar los regímenes de pensiones de los servidores públicos bajo un solo esquema; avanzar hacia la pensión universal, para dar cobertura a la población actualmente excluida y fortalecer el marco institucional y normativo de la seguridad social.
