A pesar de que ya son dueños legítimos de cinco mil 465 hectáreas más tras la solucionó el conflicto con Bernalejo de la Sierra, los indígenas de Santa María de Ocotán siguen padeciendo marginación, pobreza, falta de oportunidades de empleo y ausencia de proyectos productivos alternos a vivir de la madera. Ellos mismos consideran ser ?de los ricos que más bien son pobres?.
La ejecución del decreto presidencial de expropiación se formalizó desde febrero pasado por parte del Presidente de la República. Pero las condiciones de desarrollo no han llegado a los comuneros tepehuanos, ya que ganaron una superficie que en su mayor parte es de bosque, y desde hace aproximadamente dos años se les impuso una veda forestal que no les permite subsistir de los pinos y los encinos.
Autoridades de la comunidad de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle expusieron el panorama ante funcionarios del gobierno estatal y federal, así como representantes populares de la región del sureste del estado de Durango, en la reunión que sostuvieron con la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, realizada ayer en Casa de Gobierno.
Y mientras las promesas de mejora siguen siendo sólo eso, 700 nativos de la comunidad de Santa María demandan una porción de las tierras que fueron expropiadas a Zacatecas para regresarlas al territorio duranguense por parte del Gobierno Federal. Algunos, incluso, quieren aprovecharse de la situación para acaparar. No obstante, de las hectáreas obtenidas solamente 300 son de uso agrícola, otra porción sólo tiene vocación para la ganadería, y el resto es forestal o de uso común.
Los indígenas tepehuanos saben que fue positivo terminar con un conflicto que llegó a caer en la beligerancia. Pero ahora están en espera de que las nuevas tierras y la voluntad de los gobiernos les brinden los elementos necesarios para aspirar al desarrollo de sus pueblos.
Por eso exigen la implementación de proyectos productivos que les ayuden a mantener la economía de sus respectivas familias. Es ahora cuando más les pesa que sus anteriores autoridades hayan incurrido en aprovechamientos forestales desmedidos.
El año pasado las fuertes lluvias destruyeron dos de los más importantes puentes de esa región indígena: Guamuchil y Agua Fría. La promesa del Gobierno del Estado -desde octubre de 2003- fue reconstruirlos en tres meses a más tardar. Hasta la fecha, el avance es ínfimo.
Una necesidad igual de urgente ha sido la finalización de la carretera La Candelaria-Llano Grande, para la comunicación interna de la región serrana. La comunidad indígena no cree que el ofrecimiento oficial pueda concretarse antes de que concluya la actual administración estatal.
