Tímidamente algunos afectados se atreven a denunciafr penalmente, pero saben que será difícil el litigio
Trabajadoras del Estado sólo resumen en una palabra las irregularidades que han existido desde hace más de diez años en el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste): corrupción, y algunos de los afectados han comenzado a denunciar penalmente, pues aducen que hay autoridades que estuvieron laborando en aquel entonces que cometieron arbitrariedades y malos manejos de tramitología y recursos financieros.
Los casos de Sonia Mireya Contreras Camargo y Socorro Campos, sólo son dos de los dos mil que existen en todo el estado y que han sido afectados por la presunta corrupción que hubo en la Delegación del ISSSTE.
Desde hace muchos años se registraron serias irregularidades, que podrían tipificarse como un delito penal, como es la falsificación de documentos, el fraude y hasta usurpación de funciones, en caso de que resulten, por lo que algunos trabajadores del Estado han iniciado ya su denuncia legal, al margen de lo que el Fovissste les resuelva.
Hace apenas dos años atrás Socorro Campos contrajo matrimonio y con la idea de hacerse de un bien patrimonial del que tiene derecho como trabajadora de salud, decidió solicitar un crédito hipotecario en el 2001, a través del Fovissste. Su sorpresa fue enorme cuando le dijeron que ya tenía uno y que no podía solicitar otro.
Una mujer, Rosa Guadalupe Gutiérrez Villa, solicitó este crédito y se lo atribuyeron a Socorro. No sólo eso pasó desde 1993, sino que posteriormente Rosa Guadalupe Gutiérrez solicitó la renuncia al crédito y solicitó otro más, que le fue concedido, mientras que Socorro no ha podido resolver su problema.
Desde el 2001 el Fovissste no le ha determinado nada, pero no sólo eso, sino que desde aquel entonces le decían que ella tenía que pagar el crédito, cuando no existe ninguna firma que avale la aceptación del mismo y el otorgamiento de 31 mil pesos, que se dieron como enganche de casa. Además, se le despojó del rubro de fondo de vivienda del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).
Las preguntas que se hace Socorro, son: si los cheques deben ser otorgados a los beneficiarios y si son intransferibles, porqué se le dio un documento a otra persona que no era ella. Porqué se le permitió firmar a una persona que no era ella y cómo es que se han dado estas irregularidades no sólo en su caso, sino con varios trabajadores más.
Por su parte Contreras Camargo explica que ella junto con otras tres personas, han iniciado proceso penal. Las causas son porque ahora en el 2004 les quitaron el fondo de vivienda del SAR. El dinero fue retirado de sus cuentas, pero tampoco aparece abonado a la cuenta de crédito hipotecario. Ella se pregunta dónde está el dinero.
La irregularidad no estriba sólo en este aspecto, Sonia Mireya explica que ella nunca ha hecho uso de su crédito hipotecario y que en 1992 sí estaba interesada en hacerlo, pero finalmente no lo hizo por que no le pareció la propuesta del fraccionamiento Las Águilas, sin embargo, misteriosamente el cheque que fue emitido por el Fovissste data desde el siete de agosto de 1992. Dice que entonces, quién endosó el cheque y quién autorizó su salida.
Las irregularidades no sólo implican la resolución de la problemática de vivienda, de personas que se encuentran dentro de un archivo maestro y que están impedidos en solicitar otro crédito, o que haya trabajadores que tengan descuentos y que no tengan ninguna vivienda, sino que hubo autoridades que obraron presuntamente con dolosa corrupción, de las que insisten, éstas deben ser castigadas.
Poca fe en autoridades
Muy escasa fe es la que tienen los trabajadores del Estado con respecto a la reciente visita de las autoridades del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste), pues en forma práctica, aquellas no dieron respuestas concretas a las demandas y problemas que mantienen por lo menos dos mil trabajadores, según expresaron Socorro Campos y Sonia Mireya Contreras, afectadas.
Ya han sido muchos años de espera y por eso están iniciando penalmente demandas contra quien resulte responsable de los hechos, pero en donde podrían incurrir autoridades que estuvieron direccionando al Fovissste, pues los afectados aducen que si hubo firmas que autorizaron trámites, hubo entonces actos de corrupción por parte de los funcionarios.
