El Siglo de Torreón.
Saltillo, Coah.- Pancartas y rechiflas de dos diferentes bandos de manifestantes fueron el sello que distinguió la sesión permanente del Congreso estatal, que fue irrumpida por taxistas de de Francisco I. Madero y habitantes de Castaños.
Apostados a las afueras del edificio que alberga al Poder Legislativo amanecieron no más de tres decenas de taxistas provenientes maderenses dieron a conocer que a fin de terminar con la cacería de los taxis piratas, el alcalde de esta población exige a los choferes que carecen de una concesión 20 mil pesos como garantía.
El portavoz de los manifestantes Manuel Saucedo Sánchez dijo que hasta la fecha desconocen qué cubre la que consideró “supuesta garantía” y además expresó que 20 mil pesos es una cantidad de la que todos los taxistas carecen.
Agregó que el problema se ha agudizado ya que el presidente municipal y los regidores del Ayuntamiento maderense “no se han dignado a sacar este problema adelante sabiendo de antemano que el concurso de licitación de concesiones para taxi lo hicieron de noche”.
“Estábamos en espera de una convocatoria y el presidente municipal de repente se sacó de la manga los nombres de los ganadores de la licitación, pero este proceso no se llevó a cabo y no hubo un estudio socioeconómico previo como lo señala José Luis Marrufo Álvarez”.
Saucedo Sánchez dijo que hace 20 días los diputados locales atendieron su descontento y llamaron al Marrufo Álvarez a un diálogo con los taxistas, no obstante el edil maderense envió en su representación al asesor jurídico Valeriano Andrade y el secretario del Ayuntamiento, Isidro Perales logrando un convenio donde por un mes trabajarían sin requerirles concesiones.
Mencionó que al cumplirse el mes convenido en sesión de cabildo tanto el alcalde de Francisco I. Madero como los regidores echaron abajo el documento firmado y reiniciaron la cacería contra los taxistas.
Los manifestantes irrumpieron ante el Pleno y fueron los miembros de éste, quienes optaron por enviar a la Comisión de Transporte el asunto para revisión.
Además, alrededor de 100 habitantes del municipio de Castaños se manifestaron a las afuera del Congreso del estado para exigir a los legisladores locales el desafuero de todo el personal que conforma el Ayuntamiento e inicie un juicio político contra el edil de dicha población, quien aseguraron ha abusado de su autoridad.
Ramiro Riojas Meza dirigente de los manifestantes dijo que el pasado dos de agosto se presentaron en una audiencia que tuvieron con el presidente municipal de Castaños, Arturo Barrera Ballesteros con el objetivo de exigirle la destitución del director de seguridad pública de esa localidad. Agregó que la queja fue interpuesta en el sentido de que ha cometido diversos abusos contra la población entre los que destacan balaceras, robos y golpes contra la población general del municipio.
Además de utilizar el tramo de la carretera federal 57 que atraviesa al municipio como lo que calificaron de “caja chica de la presidencia municipal”, extorsionando a los diferentes conductores.
Esto sin contar que los habitantes de dicha población viven diariamente el problema de pagar siete pesos por ruta de transporte público que utilizan, siendo ésta la más costosa en el estado y mencionó también un presunto desvío de recursos obtenidos de la edición anual de la feria regional.
Riojas Meza informó que el día de la audiencia iban en busca de una respuesta a su petición y tras ser recibidos por el edil, éste cerró las puertas de su despacho abriendo otras del interior de donde salió un grupo de porros, ejidatarios, familiares y colonos afines a su partido para amedrentarlos.
Tal situación culminó en trifulca de la que resultaron lesionadas casi una decena de mujeres que buscaban solución a los problemas presentados; abundó que también dicho enfrentamiento arrojó como saldo una demanda penal contra el edil de Castaños interpuesta por María Elena Garza, quien debido a los golpes recibidos sufrió el desvío de un disco de la columna.
Ante los hechos dijo que persiste el riesgo de otra confrontación; sin embargo por parte del municipio se inició una campaña de denuncias penales contra los ciudadanos que sean parte de dicho frente.
común que busca juicio político para Barrera Ballesteros y la desaparición de poderes en la población.
