Los dirigentes del Partido Verde son impresentables. El líder de su bancada en la Cámara de Diputados practicó una vez más un fraude pugilístico, al noquear a un adversario escogido a modo como suele hacer. Y después de tomar el pelo a los espectadores, ofreció una fiesta a sus amigos, muy en el estilo en que hoy se hace la política, que por ese motivo se ha vuelto materia prima de las revistas “de sociales” como Quién y Caras. Por su parte, a fuego lento, los dueños del partido cocinan el mejunje que disfrazado de cumplimiento de una sentencia judicial les permitirá limpiarse la cara y afianzarse en la gerencia del partido.
La personalidad de Jorge Kahwagi lo hace cazar muy bien con la frivolidad imperante en el Partido Verde: es director corporativo de una empresa en que figura su padre como presidente formal, que publica un diario cuya propiedad fue atribuida desde siempre, no sin bases, al ex presidente Carlos Salinas. Es boxeador, sedicente campeón de una categoría inventada, el peso crucero. Y es no sólo diputado federal, sino coordinador de la bancada de ese color en San Lázaro.
En febrero anterior, Kahwagi participó en una farsa análoga a la del sábado pasado, con el agravante en aquella oportunidad de que la función fue organizada por la Fundación Vamos México y la profesora Elba Ester Gordillo, que lo amadrinó poco después como candidato a diputado, aunque no de la casa matriz, el PRI, sino de su sucursal, el Partido Verde. El propio Presidente Fox recibió en aquel entonces a los participantes en la sesión pugilística, como si se tratara de un gran acontecimiento deportivo, nada más distante de lo que después se probó, pues el púgil ruso que se enfrentó a Kahwagi era un matalote que se dejó caer apenas en el segundo round.
La misma treta se reprodujo ahora. Las únicas diferencias fueron la nacionalidad del patiño, filipino esta vez; y la condición política del airoso defensor de su título, su pertenencia al Congreso de la Unión. Como en febrero, aunque ahora buscó disculparse alegando que le interesaba otra pelea, no la de Kahwagi, contó entre el público Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo y en febrero vocero presidencial, en cuya calidad arregló la recepción en Los Pinos al boxeador-empresario y su comparsa. También repitió su presencia Jorge Emilio González Martínez, el líder del partido verde. Y ya que de hijos de papá se trataba, estaban allí también Juan Cristóbal Salinas Occeli y Ernesto Zedillo Velasco, que en su momento fueron parte de la “primera familia” del país. Todos ellos continuaron la fiesta en la casa de Kahwagi en las Lomas (¡ríase usted de los empresarios que luchan toda una vida por forjarse un patrimonio!).
Esa conducta es trivial comparada con las maniobras que los jefes de Kahwagi realizan para mantener el control del partido. Merced a una persistente denuncia de antiguos militantes del Verde, el Tribunal electoral del poder judicial de la Federación halló que el estatuto partidario, como no podía ser de otra manera dado su carácter de negocio familiar, contravenía claramente el carácter democrático que deben poseer los documentos de partidos que participan en contiendas precisamente democráticas. Y, en consecuencia, condenó al PVEM a modificar su regulación interna y a elegir, conforme a los estatutos renovados, nuevas autoridades. Por desgracia, el órgano judicial dejó ambos procedimientos en manos de los dirigentes a los que había calificado de espurios.
Los dueños del partido se revolvieron contra la sentencia como si verdaderamente los agraviara, en vez de permitirles legitimarse. Y anunciaron su intención de desacatar el fallo judicial. Imposibilitados para llegar a ese extremo, consiguieron al menos ganar tiempo, un recurso no renovable muy valioso en casos como este. La sentencia fue emitida el tres de septiembre pasado y puesto que fijó un plazo de sesenta días para la reforma estatutaria, ésta debió quedar formalizada al comenzar noviembre, ya durante la estancia de los nuevos miembros del consejo general del IFE. Pero los salientes interpretaron indebidamente el plazo como constituido por días hábiles y no naturales, por lo que el término concluyó el cinco de diciembre pasado. Pero no crea usted que ese día acudieron presurosos los líderes espurios a cumplir la sentencia judicial. Todavía se tomaron más de tres semanas adicionales y sólo el 29 de diciembre presentaron la documentación respectiva.
Es de suponerse que el consejo general estudia el nuevo estatuto, pues debe verificar si se cumplió el designio judicial de evitar que un puñado de personas (y en caso extremo sólo una, el presidente del partido, como lo permite el estatuto vigente hasta en tanto sea aprobado el nuevo) tome decisiones en un partido que recibe cientos de millones de pesos cubiertos con los impuestos que tanto pesa pagar a los contribuyentes mexicanos. Cada día que pase sin que la autoridad electoral se pronuncie en torno de ese tema, es un día ganado por los líderes espurios, que en realidad desde septiembre mismo han dispuesto de tiempo para organizar su propia nueva elección. Para realizarla cuentan con seis meses, que correrán a partir de la corroboración del talante democrático del nuevo estatuto. Y si los actuales integrantes del consejo del IFE incurren en la misma inadecuada interpretación que practicaron sus antecesores, y extienden el plazo a días hábiles, la presunta e imaginable elección ocurrirá al final de este año o comienzos del próximo.
