Francisco Gil Díaz, y el secretario del IPAB, Mario Beauregard, deberán explicar las implicaciones y alcances del convenio firmado por cuatro bancos.
16 de julio 2004.
México, (Notimex).- La Comisión de Investigación Sobre el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario de la Cámara de Diputados citará a comparecer al secretario de Hacienda y al secretario ejecutivo del IPAB, a fin de que informen sobre el convenio firmado con cuatro bancos.
El presidente de esta instancia legislativa, Manuel Pérez Cárdenas, indicó que el titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y el secretario ejecutivo del IPAB, Mario Alberto Beauregard, deberán dar las explicaciones de carácter jurídico y técnico, así como las implicaciones y alcances de esta medida.
En entrevista, el legislador del PAN adelantó que la próxima semana se podría reunir la Mesa Directiva de la Comisión Especial para formalizar la solicitud, y aseguró que esta posición refleja el interés de casi todos los miembros de esa instancia legislativa.
La víspera se anunció que el IPAB llegó a un acuerdo con Banamex, Bancomer, Banorte y HSBC para el canje de pagarés Fobaproa por documentos IPAB, lo que permitirá que la federación recupere 116 mil millones de pesos, más lo que resulte de las auditorías a estos bancos.
Pérez Cárdenas reconoció que al interior de la comisión se han generado opiniones divididas con respecto al convenio a que se llegó, ya que por un lado existe simpatía y conciencia plena acerca de lo que se anunció y por el otro preocupación y dudas.
Sobre qué beneficios trae el acuerdo, Pérez Cádenas dijo que en principio ya no se tiene una deuda contingente del orden de los 223 mil millones, sino de 107 mil 052 millones de pesos, lo que representa una reducción importante.
Adelantó que la comisión va a dar puntual seguimiento a todo este proceso que seguramente durará no menos de ocho meses, y "a lo largo del mismo participaremos para vigilar cada paso y garantizar la legalidad de los actos que redunden en un menor impacto fiscal para los mexicanos".
Por su parte, el priista José Luis Flores dijo que si bien este convenio representa un primer paso para reducir el costo fiscal del rescate bancario, le gustaría ver el resultado de las auditorías a que serán sometidos los cuatro bancos.
El legislador del PRI, integrante de la Comisión de Hacienda, manifestó su confianza en que este convenio contribuirá a reducir los costos fiscales de la deuda que se generó a raíz de la crisis económica 1994-1995.
Asimismo, dijo que en caso de que se detectaran irregularidades se podrían fincar responsabilidades, porque "de hecho lo que todos los grupos parlamentarios buscamos es que no se encumbra a nadie y que esto sea transparente y con el menor costo fiscal posible".
En su oportunidad, el también priista Francisco Suárez Dávila dijo que en lo personal siente que es una buena operación, pero que hay que verla a detalle.
Agregó que en alguna medida se ha logrado encapsular el monto controvertido, y además es importante que los bancos aceptaran que existe una responsabilidad por pago de recursos que adeudan y también que hay auditorías pendientes de aplicar.
Se le preguntó que si esto será una presión para el presupuesto 2005, a lo que dijo que a través del sistema que en principio se acordó, el impacto sobre el servicio de la deuda se reduce, al igual que el costo, y además se establece un pago como cualquier bono o pagaré de largo plazo.
Por separado, la perredista Dolores Padierna opinó que este acuerdo viola las propias normas del IPAB y adicionalmente provoca que el gobierno asuma 75 por ciento de las pérdidas, que ascienden a 155 mil millones de pesos.
Desde su punto de vista lo que se está haciendo es agregar una nueva deuda de 267 mil millones a la que ya hay por el rescate bancario que es cercana a los 900 mil millones de pesos.
Por ello consideró falso lo que anunció la Secretaría de Hacienda de que habrá una reducción de 107 mil millones de pesos, porque el Programa de Capitalización y Compra de Cartera no se convierte en deuda pública hasta que no se hagan las auditorías.
Más adelante anunció que el PRD acudirá a todas las herramientas legales a su alcance para evitar "que se consume esta ilegalidad", por lo que el primer paso es buscar que la Cámara de Diputados no autorice que se convierta en deuda pública dicho programa.
Puntualizó que si no se logra se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad, porque se trata de una violación flagrante a las normas elementales.
