Salvo que hoy se diera una oportunidad a la sensatez, en la sesión de este martes en el Senado se colocará a México en desventaja en el esfuerzo mundial por el uso médico de embriones humanos. Aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre pasado, la reforma a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud esconde, tras el follaje esperanzador del Instituto Nacional de Medicina Genómica, la conversión de un precepto de inspiración religiosa en norma jurídica.
En esa institución, que tiene todo dispuesto para desplegar su actividad y requiere sólo la consagración legal, regirá una preocupante limitación a la libertad de investigación. Se estipula que “en ningún caso podrán ser sujetos de investigación las células troncales humanas de embriones vivos o aquellas obtenidas por trasplante nuclear”. Así lo demandó la fracción panista en San Lázaro, uno de cuyos miembros, el doctor José Ángel Córdova, es el conservador presidente de la Comisión de Salud de la Cámara.
La Secretaría de Salud, donde anidó el proyecto de ese instituto nacional, cuya paternidad corresponde al ex rector Guillermo Soberón (quien encontró un resuelto impulsor de sus ideas en el doctor Gerardo Jiménez Sánchez) decidió hacer aprobar la reforma legal que hoy se consuma, aun teniendo que pagar el precio de aquella limitación a la libre investigación: la medicina genómica, de la que la clonación terapéutica es sólo una mínima parte, debe encontrar el espacio institucional y académico apropiado, aun si se concede al criterio conservador católico la seguridad de que no se hará allí el género de pesquisa científica que le parece una intromisión en los designios divinos.
Al comenzar este período de sesiones, y para estudiar la minuta procedente de San Lázaro, la Comisión de salud y seguridad social del Senado recibió a los doctores Soberón y Jiménez Sánchez, que persuadieron a los presentes sobre la necesidad de dar impulso al estudio del genoma humano. La comisión atendió también a miembros del Colegio de Bioética que inútilmente habían advertido, el año pasado, sobre los inconvenientes de tal limitación: es “totalmente improcedente”, dijeron.
Los integrantes de ese colegio, los más de ellos laureados con el Premio Nacional de Ciencias, argumentaron que “la clonación de células troncales con fines terapéuticos o de investigación representa la posibilidad de enormes beneficios para la salud, ya que ofrece la posibilidad de generar células y tejidos de reemplazo para tratar múltiples enfermedades y lesiones, entre las que se encuentran el mal de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, las leucemias, la diabetes, la lesión traumática de la médula espinal, embolia cerebral, así como lesiones en la piel, incluyendo quemaduras y muchos otros padecimientos para los cuales no existe actualmente un tratamiento efectivo”. Por lo tanto, los científicos autores de esa advertencia proclamaron que ninguna Ley “debe prohibir la investigación con fines terapéuticos en células troncales embrionarias. Hacerlo significaría marginar a nuestro país del progreso científico en esa área de investigación y de sus extraordinarios beneficios potenciales”.
Los promotores del instituto piensan, casi literalmente, que el INMG bien vale una misa y que, en todo caso, la prohibición admitida sólo generará efectos menores. Se prohíbe, pero nomás tantito, es su razonamiento; porque la norma rige sólo para la investigación que se realice allí, y no en otras áreas académicas. Y porque por ahora es incipiente la tarea de indagación en ese terreno.
El principio de limitar la investigación por motivos religiosos quedará hoy definitivamente establecido, como si vivieramos en la época de Galileo o de Miguel Servet. Contra esa limitación, por si faltaran argumentos, se manifestaron la semana pasada cincuenta Premios Nobel —entre ellos el mexicano Mario Molina—, que se hicieron presentes en el debate sobre libertad científica en general, y el tema de la clonación con fines terapéuticos en particular.
Para enfrentar la corriente dominada por el Gobierno de Estados Unidos, a que se han asociado países como España y Costa Rica, que buscan la prohibición total de todo tipo de clonación, incluida la terapéutica (como en la Ley mexicana que hoy será abordada en el Senado), ha surgido un movimiento en la sociedad civil de muchas naciones, del que es parte la toma de posición de los personajes honrados con la máxima distinción mundial. Ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el año pasado los países conservadores en esta materia (que lo son en otras más) pretendieron una declaración prohibicionista. La Comisión abrió un debate de dos años, y la semana pasada, en la primera ronda de esa discusión, se presentó el argumento de los Nobel, “líderes en los campos de la ciencia, las artes y la política (que) se han unido para expresar su esperanza en la libertad de investigación y para rechazar a aquellos elementos de la sociedad que pretenden cegar, restringir o debilitar esa libertad. “Como resultado del rápido avance de la investigación científica, y en particular de los estimulantes resultados del trabajo reciente con células madre de embriones humanos, existe hoy la genuina posibilidad de que esas investigaciones puedan resultar en curas...para la diabetes, enfermedades cardiovasculares, Parkinson, Alzheimer, esclerosis, diastrofia muscular y otras enfermedades angustiosas que afligen a millones de personas en el mundo”. (El País, 15 de abril).
