Hoy votará el Senado la ratificación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer fue aprobado el dictamen en tal sentido. Pero los senadores panistas no habían tomado siquiera la decisión de votar en conciencia o adoptar un acuerdo que unifique su criterio. Acción Nacional, por lo tanto, tiene en sus manos la decisión, pues sus votos permitirán al PRI reunir los dos tercios de los miembros presentes necesarios para ratificar al ombudsman o en caso contrario, conducir el proceso a su siguiente fase, la integración de una terna de donde se elija al reemplazante.
Después de haber escuchado el martes a Soberanes, ayer se reunió la Comisión senatorial de derechos humanos, encabezada por el priista Miguel Sadot Sánchez Carreño. Digamos de paso que hay quizá una incongruencia en que dicha comisión legislativa sea encabezada por un ex procurador de justicia, siendo que precisamente la procuración de justicia cuenta entre las fuentes más denunciadas de violación a los derechos humanos, circunstancia que tal vez parte de concepciones encontradas de tales prerrogativas de los individuos.
Al comenzar la sesión ayer, la perredista Leticia Burgos planteó una moción suspensiva, para encarar el embrollo que el Acuerdo del Senado y la convocatoria respectiva suscitaron, al empalmar dos tiempos en el proceso de sucesión en la CNDH. La senadora propuso que se formara una terna, de que fuera parte el actual presidente, de suerte que al ser votada pudiera consumarse la ratificación, como lo quería la comisión y si así lo decidía el pleno, o elegirse a un nuevo ombudsman. Su moción fue rechazada y a la hora de ser votado el dictamen, la suya fue la única posición en contra. Su compañero de bancada Rutilio Escandón, de Chiapas, optó por aprobar el dictamen, como anuncio de lo que probablemente hará la mayor parte de los senadores del PRD.
También los panistas miembros de la comisión, Micaela Aguilar y Juan Manuel Oliva aprobaron el dictamen, que fue presentado por el priísta Orlando Paredes, derrotado candidato a la gubernatura de Yucatán. Sin embargo, un acuerdo del grupo senatorial del PAN hizo que la senadora Aguilar especificara por escrito que la aprobación del documento no prefiguraba la decisión de los senadores en el pleno misma que, según dijimos arriba, será decidida apenas la mañana de hoy.
Los panistas tendrían motivos de sobra para oponerse a la ratificación, a la que varios de ellos se mostraron renuentes, al punto de que un miembro de su bancada, el queretano Guillermo Herbert, fue presentado como candidato y contará entre la treintena de ciudadanos que a esta hora pueden haber quedado desairados sin que siquiera se sepa qué sello hubieran podido imprimir a la Comisión. Pero las divisiones dentro del grupo panista en Xicoténcatl impiden que el grupo analice objetivamente la pertinencia de ratificar o elegir un nuevo ombudsman. Lo mismo puede decirse de la fracción perredista, pero su peso es menos determinante en la decisión y no asombran las incongruencias en su seno, ni sus oídos sordos a las buenas razones invocadas por la senadora Burgos.
Demos, pues, por hecho que hoy se decretará la permanencia de Soberanes al frente de la CNDH. No nos quedemos meramente en deplorarlo. Examinemos en cambio qué lecciones pueden extraerse del infortunado episodio. Ante todo, una de cortesía civil. Los legisladores deberán dirigirse a los candidatos a quienes ni siquiera se dieron ocasión de conocer y escuchar, para pedir disculpas por el desliz que cometieron al convocarlos para nada. Las merecen personas cuya trayectoria pública y prestancia propia (como las de Emilio Álvarez Icaza, por sólo citar al candidato que más apoyos tuvo entre los partidarios de la renovación en la CNDH), las hacen acreedoras a una explicación, porque no eran aspirantes a una chamba cuya solicitud no obtuvo calificación aprobatoria en el departamento de personal.
Pero sobre todo es necesario que los senadores no den por concluido el proceso como si no se hubiera analizado el desempeño de Soberanes y éste hubiera simplemente librado el mal trago que significó la explicitación de las deficiencias de su gestión. En el debate que debe preceder a la ratificación, el Senado podría formular una suerte de pliego de demandas al ombudsman, al fin y al cabo dispone de facultades para seguir su funcionamiento. Hace falta un escrutinio senatorial más cercano a la presidencia de la CNDH, que no se limite a la pasiva recepción de los informes anuales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos -quien la encabece y el organismo todo- debe contar con enorme solvencia moral, con majestad civil se diría, que justifique la esencia que en otros países, como España, lleva a denominar al ombudsman defensor del pueblo o en la tradición mexicana remite a la procuraduría de pobres (o sus burocráticas versiones modernas, la procuraduría agraria o la del trabajo). El defensor del pueblo debe estar por encima de las querellas menores, de las mezquindades de la política, de la poquedad de las atenciones sociales, no ser un gestor de su propia posición ni de su provecho propio.
Puesto que la fuente de las violaciones que debe remediar evitar es el Estado, ha de mantener una distancia rigurosa respecto de sus órganos, sin ánimo rijoso pero sí crítico. El proselitismo clientelista abate el nivel en que debe figurar y actuar el presidente de la CNDH y debe ser evitado, mediante reglas estrictas que impidan la promoción publicitaria personal.
