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México, DF.- El Puerto de Manzanillo obtuvo ya el “campeonato” como punto principal de ingreso de mercancías de contrabando, revelaron exportadores, legisladores e industriales.
Por esa aduana han pasado ya cinco administradores y siete vistas aduaneros, además tres ex agentes aduanales fueron detenidos, pero sigue siendo una “coladera” por donde entra de todo, según el diagnóstico de empresarios y representantes populares.
Las mafias de contrabandistas, principalmente de China y Corea “ancladas” en México, no solamente obstaculizan el desarrollo de la planta productiva nacional, sino que también pueden anular el beneficio del crecimiento de las exportaciones mexicanas para la economía de nuestro país, advirtieron.
Esos grupos del “comercio ilegal” consiguieron asentar sus reales en territorio nacional en menos de diez años y tan sólo en 2003 obtuvieron ganancias estimadas en 33 mil millones de dólares, monto 1.5 veces mayor a las captaciones anuales por la venta de petróleo, indicó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Vázquez García.
En ese sentido, el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Carlos Rojas Magnon, dijo en entrevista que aun cuando en el primer bimestre de este año las exportaciones nacionales crecieron 5.6 por ciento respecto al mismo período de 2003, es necesario “cerrar la pinza” y combatir enérgicamente el contrabando para lograr un beneficio real de ese logro en la economía nacional.
“Definitivamente es una condición clave para ser un país con una planta productiva fuerte, que haya un incremento en el consumo interno y eso se complemente con la tendencia a la alza que estamos observando en las ventas al exterior”, puntualizó.
Es necesario intensificar el esfuerzo de las autoridades porque es muy claro, “no se puede negar lo obvio, que sigue entrando contrabando”, precisó.
La mayor competencia que enfrentan en estos momentos los empresarios mexicanos es el llamado contrabando técnico, que consiste en el ingreso de artículos y productos con certificados de origen falsos o a través de recursos de amparo obtenidos por empresas importadoras, expuso.
Esa modalidad del comercio ilegal, abundó, ha crecido en los últimos años y aunque los empresarios nacionales tienen representantes en las aduanas del país, “es sorprendente” que en varios de esos puntos se registre un descarado contrabando.
Incluso ingresan mercancías como frijol, maíz y otros granos básicos que no tendrían porque entrar por algunas zonas específicas de la República mexicana.
Rojas Magnon insistió en el caso de la aduana de Manzanillo, Colima, en donde durante la presente administración se ha cambiado cinco veces al administrador de esa oficina y siete veces a los vista aduaneros.
Además fueron detenidos tres ex agentes aduanales por sus presuntos nexos con contrabandistas, pero con todo no ha sido posible aplicar una verdadera limpia porque sigue ingresando mercancía por el puerto.
“Esa aduana sigue siendo de campeonato en la entrada de contrabando. Por ahí pasan hasta frijol y maíz y se estima que por ella entra la mayor parte del contrabando técnico de productos de origen asiático, lo cual perjudica de manera importante a las empresas nacionales”, manifestó.
Uno de los sectores más afectados por el contrabando técnico y el bronco (este ingresa al país sin papeles) es la industria textil y de la confección.
Entran al país telas y prendas de baja calidad que después se comercializan a precios bajos, principalmente en tianguis y el comercio informal, para dar origen a una competencia desleal contra los textileros mexicanos.
Los presidentes de las cámaras nacionales de la Industria Textil (Canaintex), Rosendo Valles Costas, y de la Industria del Vestido (CNIV), Tony Kuri, expresaron que 60 por ciento de las telas y ropa que se comercializa en el mercado nacional es de contrabando; 20 por ciento proviene de importaciones legales y únicamente 20 por ciento es hecho en México.
Valles Costas detalló que la proporción adecuada debería ser que 80 por ciento del mercado mexicano ofreciera productos textiles nacionales y el resto lo cubriera la importación legal.
Pero lamentablemente para los empresarios y trabajadores de ese ramo, el contrabando les está ganando la batalla.
Datos de los sindicatos de trabajadores de las industrias textil y de la confección reportan que en los dos últimos años se han perdido más de 200 mil empleos porque aproximadamente una decena de empresas del ramo han tenido que cerrar por su incapacidad de enfrentar la competencia desleal de precios de ese tipo de productos.
Precisan que en nuestro país un metro de tela de tipo pana tiene un costo de fábrica de 45 pesos, mientras la que entra de contrabando se ofrece entre 18 y 20 pesos, lo cual genera cuantiosas pérdidas a los industriales mexicanos y los obliga a despedir a sus empleados.
El presidente de la Canaintex se pronunció por elevar las sanciones y castigos a los contrabandistas, ya que “en el momento en que esas bandas se den cuenta que el riesgo por introducir mercancía ilegalmente es ir a prisión y no nada más el de un decomiso, las cosas van a cambiar”.
Por su parte, Kuri comentó que las bandas de contrabandistas no sólo se apoderaron de 60 por ciento del mercado de la industria del vestido, sino que obtienen ganancias anuales del orden de los nueve mil millones de dólares y a la planta productiva nacional le generan grandes pérdidas económicas.
Destacó que el contrabando técnico proveniente de China representa en la actualidad hasta 20 por ciento de las ventas en el mercado nacional y “si seguimos esta tendencia vamos a desaparecer muy pronto”.
Entre las acciones que los industriales a cabo para luchar contra la entrada ilegal de mercancía, mencionó que recientemente iniciaron las negociaciones en la Secretaría de Economía para examinar una propuesta que consiste en que los certificados de origen sean autorizados sólo para ropa que es cortada, cocida y etiquetada en el país.
Con eso se pretende evitar que la ropa de origen chino siga entrando a México por la vía de la triangulación, la cual se lleva a cabo al enviar los productos a otro país donde lo único que se hace es un cambio de etiqueta para aparentar una exportación legal.
Pero el sector textil y de la confección no es el único que debe asumir las consecuencias del contrabando, toda vez que las ramas del juguete, del calzado y de artículos eléctricos, entre otras también se ven afectados por esa práctica desleal.
El diputado panista Sergio Vázquez informó que en los últimos cinco meses, la Procuraduría General de la República (PGR) decomisó 123 toneladas de prendas de bisutería, lentes y bolsas; 255 toneladas de tenis chinos y 12 toneladas de ropa deportiva, que al ingresar de manera ilegal a nuestro país evadieron el pago de impuestos.
Por ello, Vázquez García y otros legisladores propusieron modificaciones legales que permitan una mayor contundencia en el combate al contrabando y se dé más libertad de actuar a las autoridades cuando se detecte esa práctica en cualquiera de sus modalidades.
Al mismo tiempo, los diputados estudian sendos proyectos para crear una comisión de seguimiento y un grupo de trabajo interinstitucional que promuevan diversas acciones para el combate del contrabando técnico y la piratería.
El primer resultado en ese sentido fue lograr que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobará el pasado miércoles un dictamen de reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada para establecer medidas más severas a fin de evitar ese ilícito y tipificarlo como un delito grave.
El presidente de dicha Comisión, Gustavo Enrique Madero, indicó que de esa forma el contrabando será considerado delito grave cuando lo cometan tres o más personas, cuando sea un comportamiento reiterado y sistemático y su monto sea mayor a 100 mil pesos o signifique diez por ciento de los impuestos evadidos.
Destacó que ese grupo de trabajo legislativo propuso en el dictamen que el contrabando se persiga de oficio y no por querella, lo cual es importante porque ya no habrá justificación para que no actúe la Procuraduría General de la República (PGR) cuando haya indicios suficientes para suponer una conducta ilegal.
El citado dictamen será turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su ratificación y posteriormente sería sometido a consideración del pleno cameral para su aprobación.
