Las comisiones especiales de diputados federales y locales que se constituyeron para fiscalizar el gasto público durante el proceso electoral cumplieron con el propósito de inhibir a los funcionarios cualquier intento de favorecer con recursos materiales, humanos y financieros, a candidatos o partidos determinados.
El hecho de que solamente se haya interpuesto una denuncia durante el proceso electoral, no quiere decir que las comisiones hayan incumplido en sus objetivos, sino que al contrario, demuestra que se logró el fin de evitar las irregularidades, ya que los legisladores se dedicaron a realizar actividades preventivas de los delitos electorales.
Por separado, Jaime Fernández Saracho y Juan Manuel Félix León, presidentes de las comisiones federal y estatal de legisladores, respectivamente, coincidieron en lo anterior, lo cual habrá de ser parte del balance que presenten en sus respectivas cámaras parlamentarias.
Fernández Saracho enfatizó que en el caso de la comisión de diputados federales no solamente se circunscribió a recibir quejas (una), sino que los diez integrantes realizaron una serie de reuniones con los responsables de las dependencias del Gobierno Federal en Durango. Destacó la que se llevó a cabo con Sedesol, en el contexto de que había una serie de manifestaciones públicas por la supuesta desviación de los programas para favorecer a candidatos.
Precisamente la queja que se recibió del poblado Carrillo Puerto del municipio de Guadalupe Victoria, por la supuesta manipulación del padrón de beneficiarios del programa Oportunidades, se canalizó de inmediato a Sedesol. El delegado de la dependencia, Félix Cháidez, contestó de manera verbal y por escrito, que la depuración de la relación de personas que recibían las becas, fue en estricto apego a la normatividad. Además de que la persona señalada, Juan Galindo, no labora en la Secretaría de Desarrollo Social.
Por su parte, Juan Manuel Félix León destacó las visitas que realizaron los diputados de la comisión especial a varias Presidencias Municipales, entre las que señaló las tres principales, Durango, Gómez Palacio y Lerdo, para explicar el objetivo y recabar la información sobre la aplicación de los programas sociales durante las campañas de proselitismo.
Afirmó haber obtenido respuesta positiva de los ediles, quienes incluso, se encargaron de difundir lo relativo a la Comisión de los Delitos Electorales, ello con el fin de inhibir a los funcionarios la tentación de usar recursos públicos para las actividades de proselitismo de los candidatos.
Insisten opositores en reforma electoral
Los diputados de oposición, Víctor Joel Martínez y Sergio Carrillo, insistieron en la necesidad de realizar reformas al marco jurídico que regula los procesos electorales, al considerar que hay vacíos legales que dan lugar a que haya impunidad en la Comisión de los Delitos Electorales.
Señalaron que en la LXII Legislatura no hubo la voluntad política para cristalizar propuestas de reforma en materia electoral, pronunciándose a favor de que la próxima de inmediato inicie el proceso para llevar a cabo las modificaciones, de tal manera que se establezcan candados legales para proporcionar mayor equidad sobre todo.
