Se le culpa de probable responsable de los delitos de desobediencia y resistencia de particulares.
09 de junio 2004.
México (SUN-AEE).- La Procuraduría General de la República (PGR) citó a Andrés Manuel López Obrador como probable responsable de los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, así como contra la administración de justicia, por desacatar un mandato del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
El jefe de Gobierno no restituyó a casi 40 ex trabajadores en sus puestos y les adeuda cerca de 10 millones de pesos por concepto de salario, y aunque existe un laudo laboral que lo obliga a ello, no se ha cumplido con la resolución que data de marzo de 2003.
Mientras redactaba un manifiesto a los habitantes del Distrito Federal sobre el caso El Encino, el funcionario fue informado del nuevo citatorio en el que aparece en calidad de indiciado, fechado el 1 de junio por el Ministerio Público de la Federación, Miguel Ángel Castañón Camacho.
En el citatorio, en el que se lee su segundo apellido como "Abrador", se requiere al político tabasqueño para que comparezca el próximo 14 de junio a las 10:00 horas, en la subdelegación de Procedimientos Penales Zona Oriente, en el Reclusorio Oriente.
En la diligencia se le hará saber la imputación en su contra y tendrá que rendir su declaración ministerial, por lo que deberá ir acompañado de un abogado o persona de su confianza.
El desacato
La nueva acusación contra López Obrador se deriva de la denuncia que presentaron el 15 de enero pasado ante la PGR 39 ex trabajadores del gobierno del Distrito Federal, a través de su representante legal Carlos Arredondo Aranda.
De acuerdo con la averiguación previa 567/ RO/ 2004, los empleados de la Sección XVII del Sindicato Departamento del Distrito Federal interpusieron el 17 de abril de 2001 un juicio laboral por despido injustificado, por lo que la Tercera Sala del Tribunal analizó el expediente 1360/01.
El 9 de octubre de 2002 la autoridad determinó que el GDF debería reinstalar en sus puestos de "lecturistas" a los empleados y pagarles sus sueldos que ascienden a cerca de 10 millones de pesos.
Sin embargo, el político tabasqueño interpuso el amparo DT-25654/2002, pero le fue negado el 29 de marzo de 2003 por el Decimocuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Laboral.
La resolución obligaba a las autoridades capitalinas a cumplir con el laudo decretado por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que hasta la fecha López Obrador lo haya acatado.
Improcedente, dicen en el GDF
Fuentes del gobierno capitalino dijeron que la denuncia presentada por los trabajadores es improcedente, que no ha habido desacato alguno de parte del jefe del GDF y que el juicio no ha concluido; por tanto, no puede ser como cosa juzgada.
Según las fuentes, parte de la improcedencia de la denuncia se debe a que en el Catálogo Institucional de Puestos del DF no existe el cargo de "lecturista", y en el tabulador de sueldos tampoco hay salario asignado a un puesto con esa denominación; entonces, no se puede dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Laboral.
Es decir, como todavía existen actuaciones jurídicas por cumplimentarse, la tramitación del juicio laboral todavía está pendiente, por lo que no puede considerarse cosa juzgada, además de que existe la posibilidad de impugnar las resoluciones que pudieran dictarse en perjuicio del GDF.
Y finalmente, dicen las fuentes, la denuncia que presentaron los extrabajadores carece de sustento, puesto que a la fecha no ha existido ningún desacato a lo ordenado por alguna autoridad laboral o judicial, "puesto que las mismas no se encuentran firmes".
Cabe recordar que ésta es sólo una de las cuatro averiguaciones previas similares que integra la PGR en contra de López Obrador por desacato de resoluciones laborales, interpuestas por ex servidores públicos; las restantes involucran a cuatro empleados, quienes también exigen la restitución en sus puestos, pues cuentan con sentencias a favor.
Esta sería la cuarta ocasión en la López Obrador comparezca en la PGR, pero la primera en calidad de presunto responsable.
Dos de ellas fueron en torno de las investigaciones de Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas; y una más cuando se le requirió su declaración escrita por el desacato a otra resolución laboral, por la que se integra la indagatoria 85/RO/2004.
