EL PAÍS
WASHINGTON, EU.- La presión de los diez miembros de la comisión que investiga el 11 de septiembre (11-S) y el temor del Gobierno de Estados Unidos (EU) a ser acusado de falta de colaboración precipitó ayer un cambio en la Casa Blanca, que acepta ahora la comparecencia de la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, en sesión pública y bajo juramento.
El consejero legal de la Casa Blanca, Alberto González, exigió dos condiciones previas: certificar por escrito que la comparecencia no sienta precedente y obtener el compromiso de que no se volverá a citar a Rice ni a otros cargos del Gobierno. La comisión aceptó las condiciones.
El lunes la Casa Blanca parecía empecinada en su negativa a permitir la comparecencia de la Consejera de Seguridad Nacional, Condoleeza Rice, ante la comisión que investiga el 11-S.
Rice se reunió en febrero con los miembros de la comisión, pero en privado y con una limitación que impedía grabar o transcribir su intervención. La consejera ofrecía una nueva comparecencia bajo esas mismas condiciones, pero el Gobierno parece haber entendido que la negativa a aceptar una intervención pública y bajo juramento hacía cundir una impresión de oscurantismo que no beneficia al presidente, George W. Bush, en esta campaña electoral.
A primera hora de ayer, la Casa Blanca distribuyó una carta enviada por el consejero legal del Gobierno, Alberto González, a los miembros de la comisión. En el texto, González asegura que el presidente Bush “está dispuesto a aceptar el testimonio en público y bajo juramento de su Consejera de Seguridad Nacional”, pero sujeto a dos condiciones.
“Primero. La comisión debe aceptar por escrito que el testimonio de Rice no siente precedente para futuras solicitudes de la comisión, o solicitudes en cualquier otro contexto, para el testimonio de un Consejero de Seguridad Nacional o cualquier otro cargo de la Casa Blanca”.
“Segundo. La comisión debe aceptar por escrito que no solicitará testimonio público adicional de ningún cargo de la Casa Blanca, incluida Rice”. A cambio, González concreta una oferta de comparecencia del Presidente y del Vicepresidente, que se habían comprometido a colaborar pero nunca habían formalizado su aparición ante la comisión.
Según González, tanto George W. Bush como Dick Cheney aceptan comparecer, pero también con condiciones: lo harán juntos, a puerta cerrada y sólo ante los miembros de la comisión y un asistente que podrá tomar notas, pero no transcribir el testimonio.
En contrapartida, Bush y Cheney aceptan que estén presentes los diez miembros de la comisión, no sólo el Presidente y el Vicepresidente, como exigían inicialmente.
La comisión aceptó inmediatamente las condiciones, aunque algunos políticos demócratas temían después que la letra pequeña pudiera contener trampas. Tal y como se ha pactado, la comparecencia de Rice y las de Bush y Cheney cerrarán la aportación del Gobierno a la investigación del 11-S.
Si en su testimonio surgen divergencias de algún tipo, la comisión no podrá ni volver a solicitar su comparecencia ni la de otros cargos que puedan aclarar las disonancias. Con todo, el acuerdo permitirá a los miembros de la comisión indagar en las acusaciones formuladas por el ex consejero antiterrorista de Bush, Richard Clarke, que ha acusado al Presidente de no tener ningún interés en luchar contra el terrorismo antes del 11-S y, sobre todo, de aprovechar esos atentados para imponer una agenda personal que incluía ineludiblemente la invasión de Irak.
