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LA PAZ, BOLIVIA.- El pueblo aimara de Ayo Ayo, que linchó y quemó el cadáver del alcalde comunal, nombró ayer a su propio “autogobierno” y exigió a la justicia liberar a los sospechosos del crimen que conmovió a Bolivia la semana pasada.
Durante una asamblea en la plaza principal, los vecinos designaron al máximo dirigente de la Central Agraria que controla al pueblo, Cecilio Huanca, como jefe de su “Gobierno” y también anunciaron que crearán su propia “policía sindical”.
En un discurso a la comunidad, Huanca advirtió que “no se permitirá el retorno de la policía porque demostró complicidad con los corruptos”.
Los agentes del orden y otras autoridades abandonaron el pueblo por falta de garantías y el Estado no ha podido recuperar el control de esa localidad ubicada a 87 kilómetros al sur de La Paz, que se perdió tras el asesinato del alcalde Benjamín Altamirano.
La semana pasada, un grupo de pobladores secuestró, linchó y luego quemó el cadáver del alcalde Altamirano, a quien acusaban de corrupción.
Todo el pueblo asumió la autoría del homicidio que fue calificado por los habitantes como un “acto de justicia”, por lo cual se niegan a delatar a los autores materiales del crimen.
En la asamblea en la que también participó una comisión gubernamental, los pobladores incluso acusaron a los funcionarios del Poder Judicial de ser los autores de la muerte del alcalde, a quien culparon por robarles “cuatro años”.
Altamirano estaba siendo procesado por corrupción, pero su juicio volvió a “fojas cero” por fallas de procedimiento, lo que al parecer irritó a los campesinos aimaras que decidieron aplicar “justicia comunitaria”.
Entre los tres detenidos por el crimen está el alcalde suplente de Ayo Ayo, Saturnino Apaza, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, 30 kilómetros al sur de La Paz. Los pobladores exigen su liberación inmediata.
El dirigente del Movimiento sin Tierra (MST) Gabriel Pinto advirtió que el Gobierno tiene plazo hasta hoy miércoles por la tarde para conformar una comisión con los tres poderes estatales y llevar en conjunto a Ayo Ayo una respuesta positiva a todas sus exigencias.
“Si no se soluciona, bloquearemos, volaremos la antena de alta tensión y el gasoducto”, advirtió Pinto, quien en representación del MST participó en la asamblea en la que se designó a las autoridades comunales.
La comisión del Gobierno encabezada por la delegada presidencial, Lupe Cajías, inició negociaciones con los comuneros de Ayo Ayo, pero aclaró que no puede interferir en decisiones del poder judicial.
“No está en nuestras manos, más que la coordinación hasta que todo retorne la normalidad”, dijo Cajías, quien prometió volver el miércoles a ese pueblo altiplánico de ocho mil habitantes con una propuesta.
El dirigente local Ramón Copa sostuvo que no habrá ningún compromiso con el gobierno central mientras no cumpla con su exigencia.
“No se llegó a ningún acuerdo ni se llegará mientras no escuchen nuestra demanda”.
