EFE
MÉXICO, DF.- El Congreso solicitó ayer al Gobierno que exija al de EU el cese inmediato del uso de “armas disuasivas no letales” contra los indocumentados y citó a comparecer al canciller Luis Ernesto Derbez.
La Comisión Permanente, órgano que representa al Congreso en sus períodos de receso, rechazó los métodos empleados por EU para evitar la entrada de mexicanos a su territorio, “ya que violan flagrantemente los derechos humanos”.
El canciller Derbez admitió el martes que en 2001 se firmó un acuerdo con el Gobierno estadounidense que permite a la Patrulla Fronteriza usar armas no letales contra los emigrantes mexicanos, pero aclaró que eso no justificaría actos de violencia.
El pacto, que autoriza el uso de armas no letales contra los indocumentados, como balas de goma, comenzó a gestarse en 1999 y cuajó en junio de 2001, cuando ambos gobiernos establecieron el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza, que lo incluye.
La Comisión Permanente también acordó citar a comparecer con carácter de urgente a Derbez para que informe sobre las razones y términos en que se firmó el convenio que permite el empleo de balas de goma rellenas de gas pimienta contra los emigrantes.
Al presentar el punto de acuerdo, el senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, indicó que es “inadmisible” que México haya firmado un acuerdo de esa naturaleza y que el canciller aduzca que es un logro.
“¿Cómo va a ser un logro que hieran a los emigrantes en vez de que los maten?” preguntó el senador Camacho.
El legislador también incluyó un exhorto a la Cancillería mexicana para que permanezca atenta ante la posible entrada en vigor de la iniciativa “Protege Arizona”.
Según Camacho, la iniciativa “discrimina abiertamente a nuestros connacionales, debido a que propone la pérdida de los servicios sociales básicos en ese estado de la Unión Americana”.
El senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Raymundo Cárdenas pidió a los legisladores que cuestionen al canciller Derbez los términos y resultados del programa de repatriación de emigrantes, que entró recientemente en vigor.
México y EU iniciaron en julio un programa piloto para la repatriación de emigrantes indocumentados mexicanos en el desierto de Arizona, una de las áreas más conflictivas por las frecuentes muertes de mexicanos que tratan de cruzar la frontera.
Aunque el Gobierno mexicano ha solicitado al de EU establecer un acuerdo bilateral que regule los flujos de indocumentados, la iniciativa está en punto muerto tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
En Estados Unidos viven 15.5 millones de mexicanos, de los cuales 4.5 millones son indocumentados.
