La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó numerosos casos en que personas fueron detenidas y agredidas por la SSP y la PGJ de Jalisco, las cuales fueron sometidas a tratos crueles y degradantes.
16 de agosto 2004.
MEXICO, D.F., (SUN-AEE).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió seis recomendaciones al gobierno de Jalisco y cuatro al municipio de Guadalajara por hechos ocurridos durante el enfrentamiento el pasado 28 de mayo en el marco de la Tercera Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
Así, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara, la Dirección General de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de Jalisco cometieron o incurrieron en 73 detenciones ilegales, 55 casos documentados de tratos crueles y degradantes, 70 incomunicaciones y seis casos de tortura, Al presentar el informe especial que elaboró la CNDH respecto a los hechos referidos, el titular del organismo, José Luis Soberanes subrayó que entre algunos manifestantes "se dio una inobservancia de la ley, así como de los deberes que toda persona tiene con sus relaciones sociales con las demás personas.
"Pero también se documentaron numerosos casos en que personas fueron agredidas con posteridad a su detención, con lo cual se trasgredieron derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica", señaló.
En el informe destaca que en el caso de mujeres detenidas, e incluso menores de edad, estas fueron sujetas a revisiones indignas, como el hecho de que fueron colocadas contra la pared y con las manos en la nuca por personal policiaco femenino.
Estas obligaron a las detenidas a desnudarse y realizar sentadillas mientras policías del sexo masculino abrían la puerta para observarlas.
Soberanes subrayó que para la CNDH quedó acreditado que a todas las personas incluidas en el informe les fueron conculcados sus derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica.
"Esto ocurrió incluso en contra de particulares ajenos a dicha manifestación, lo cual expresa desprecio e inobservancia de la legalidad por parte de los elementos de las instituciones municipal y estatal referidas", puntualizó.
