EL PAÍS / AGENCIAS
MADRID, ESPAÑA.- Condoleezza Rice, Consejera de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha añadido un elemento más a la polémica sobre la obsesión de George W. Bush contra Irak.
Rice ha reconocido que el presidente ordenó rastrear cualquier indicio que permitiera vincular los atentados del 11-S con el Gobierno de Saddam Hussein, como desveló recientemente uno de sus asesores en materia antiterrorista. Rice asegura que semejante encargo “era una preocupación lógica porque Irak figuraba entre nuestros enemigos”.
En la noche del 12 de septiembre de 2001, un día después de los atentados en Nueva York y Washington, el presidente de EU dio a su consejero antiterrorista, Richard Clarke, las siguientes instrucciones: “Revísalo todo. Todo. Mira a ver si Saddam hizo esto. Mira a ver si hay cualquier vínculo con él”. Clarke le dijo: “Pero, señor Presidente, ha sido Al Qaeda…” Y Bush respondió: “Ya lo sé, ya lo sé, pero mira a ver si Saddam está implicado. Sólo míralo. Quiero saber cualquier indicio”. Clarke cuenta en su libro “Against All Enemies” (“Contra Todos los Enemigos”) que la conversación tenía un tono intimidatorio.
La semana pasada, la Casa Blanca negó que esa conversación existiera y aseguró que no había constancia de que se hubiera celebrado una reunión en la sala del Gabinete de crisis. Sin embargo, Condoleezza Rice ha tenido que reconocer no sólo que la reunión existió sino que la conversación se produjo aproximadamente en esos mismos términos.
Rice intervino en la madrugada de ayer en el programa de la CBS 60 Minutos, el mismo que la semana anterior había ofrecido las declaraciones de Clarke. Según Rice, el presidente “quería saber si Irak tenía algo que ver. Es una pregunta perfectamente lógica dada la relación hostil” que mantenían ambos países.
Rice se enfrenta a una polémica más por su negativa a comparecer en sesión pública y bajo juramento ante la comisión que investiga el 11-S. La consejera de Bush insistió en el que el Presidente no desea que lo haga para mantener una estricta separación de poderes entre el Gobierno y el Congreso, aunque ella asegura que estaría encantada de poder hacerlo.
La negativa de la alta funcionaria ha suscitado duras críticas contra la Casa Blanca, entre ellas las de familiares de las víctimas de los atentados, que consideran que se trata de un caso de desconsideración.
En este sentido, el miembro de la comisión John Lehman, republicano, opinó que la Casa Blanca está “cometiendo un grave error” al impedir la declaración de Rice y aseguró que el argumento que alega “es una interpretación muy estricta de los poderes del Presidente”.
La polémica, que amenaza con afectar la campaña electoral de Bush, no da señales de abatirse desde que hace una semana, y también en el programa “60 Minutos”, el ex asesor en materia de terrorismo de la Casa Blanca Richard Clarke, denunciara que para la actual administración la lucha antiterrorista era “importante pero no urgente”.
Clarke, quien declaró el pasado miércoles ante la Comisión, ha pedido una amplia desclasificación de los documentos que manejó el Gobierno sobre terrorismo antes del 11-S.
Por su parte, destacados congresistas republicanos, como el líder de la mayoría en el Senado, Bill Frist, han acusado al ex alto cargo de contradecirse y han pedido que se desclasifique el testimonio que éste dio hace dos años ante una comisión investigadora del Congreso, en el que, según ellos, alabó el papel del Gobierno en la lucha antiterrorista.
Clarke ha mostrado su disposición a que se haga público ese testimonio, siempre que revele en su integridad.
La polémica comienza a dar señales de estar afectando a la popularidad de Bush precisamente en lo que hasta ahora era, a los ojos de sus conciudadanos, uno de sus “puntos fuertes”: la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.
Según una encuesta que publica la revista “Newsweek”, el porcentaje de votantes que aprueban la gestión presidencial contra el terrorismo ha descendido en la última semana ocho puntos, del 65 al 57 por ciento.
