Tanto va el cántaro al agua, que termina por romperse. El conflicto que mantienen desde hace tiempo los materialistas con el Gobierno del estado -mucho más del que podría permitir la lógica de la modernidad, la civilidad y un mínimo de tacto, sensibilidad y elemental oficio político- y que a últimas fechas encuentra otro foro de expresión en las diferencias entre la Cámara de la Industria de la Construcción y las autoridades municipales, llegó por fin a un punto que exige definición.
Y es el alcalde, Guillermo Anaya, quien se encarga de poner los puntos sobre las íes en este mar de versiones encontradas, manipulación de datos y aún, “imprecisiones” en la información que de manera oficial vierten algunos funcionarios del Gobierno del estado.
El Presidente Municipal de Torreón, con la manifestación de los materialistas por fondo, asegura que no se incrementarán los costos del puente elevado Santa Fe, tal y como lo asegura el director de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Manuel Gómez Parra. Simplemente sería ilógico aumentar el techo financiero autorizado para esta obra.
Y aún más: “Nosotros no fijamos precios de acarreo, acordamos tarifas con los materialistas, pero existe un antecedente claro de que el Gobierno del estado ya hacía eso y por ejemplo en las licitaciones realizadas en el año 2002 para las vialidades del DVR, las minutas indican tabuladores por acarreo, entonces, ¿dónde está lo raro?; si la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción estaba inconforme con las tarifas que se acordaron con las organizaciones de materialistas hace poco más de cuatro meses, ¿por qué en su momento no lo externaron?”.
Sobre el trasfondo político, elemento indispensable entre aquellos que no pueden o quieren transitar por la vía de la transparencia, Anaya sentencia que nadie entre sus colaboradores pretende dañar la imagen o carrera política del secretario de Urbanismo y Obras Públicas del Gobierno del Estado, Jorge Viesca Martínez y que ni el titular de Obras Públicas del Municipio, Gerardo Berlanga Gotés, ni el de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, tienen intereses más allá de los formales, ni con los sindicatos de camioneros materialistas, ni tampoco con las empresas constructoras.
Mientras las aguas retoman su nivel y el calor político que envuelve el conflicto con los materialistas encuentra una solución definitiva, queda agradecer al alcalde Anaya que al menos haya fijado su postura con claridad.
